El intendente de Paraná, Sergio Varisco (Cambiemos), será juzgado desde este jueves en un proceso con dos causas unificadas por el financiamiento de bandas dedicadas al narcotráfico, por el que están detenidos un concejal y otros funcionarios del gobierno municipal de la capital de Entre Ríos.
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El debate oral tendrá 34 imputados y contará con más de 100 testigos, entre ellos, funcionarios locales, que se presentarán el jueves, el viernes y el lunes y martes de la semana próxima en la Sala de Audiencias de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
El Tribunal Oral en lo Federal (TOF) de la capital entrerriana, integrado por los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango, decidió unificar los expedientes en cuestión, ya que en ambos se "investigan infracciones a la ley de drogas por parte de una misma organización delictiva", publicó Télam.
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El intendente fue imputado porque hizo "un acuerdo en septiembre de 2017" con Daniel "Tavi" Celis, acusado de ser el líder de la banda. Según la acusación, Varisco "se comprometió a entregar $50.000 mensuales para financiar el comercio de estupefacientes".
Para el juez federal de Paraná Leandro Ríos, Celis y Varisco, "comercializaron cocaína de manera conjunta y organizada". La banda se encargaba de la "financiación, provisión, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, venta, reventa y compra" de esa droga en Paraná y en Concordia, y en la Capital Federal.
La Justicia dictó un embargo de millón de pesos sobre los bienes de Varisco para otorgarle su excarcelación y dispuso que "se mantenga en libertad ya que ejerce el cargo de presidente municipal".
También se le prohibió salir del país y debe presentarse todos los viernes en el juzgado e informar en caso de que debiera ausentarse de su domicilio por más de tres días.
Archivo: “A tan sólo 8 días de asumir, Varisco cumplimentó los acuerdos más importantes” del pacto con el líder de la banda narco
La investigación se inició el 28 de mayo de 2017 cuando la Policía Federal Argentina sorprendió a la banda mientras descargaba más de 317 kilos de marihuana de una avioneta en la localidad de Colonia Avellaneda, cerca de Paraná.
Tras la detención de más de 20 personas fue allanada la celda donde "Tavi" Celis cumplía condena por robo. Se lo acusó, entonces, de comandar la organización narco aprovechando sus eventuales contactos políticos y policiales para comercializar drogas en la zona.
A comienzos de mayo de 2018, en el contexto del mismo expediente, la Justicia allanó la Municipalidad de Paraná, la Legislatura de la capital entrerriana y domicilios vinculados al intendente, diligencias en las que, según precisaron fuentes de la causa, se obtuvieron elementos que se sumaron al expediente y derivaron en los procesamientos.
Un mes más tarde, el juez federal Ríos ordenó la prisión preventiva del concejal Pablo Hernández (Cambiemos) y de la subsecretaria de Seguridad municipal, Griselda Bordeira.
Hernández continúa alojado en la Unidad Penal 6 mientras que Bordeira está en la cárcel de mujeres de Entre Ríos.
En febrero de este año Ríos procesó a Varisco, Hernández y Bordeira, por "financiamiento, comercialización y adquisición de estupefacientes". El intendente paranaense figura como "financiador y adquiriente" de la droga; Hernández, como "adquiriente colaborador", y Bordeira, como "adquiriente colaboradora".
El cumplimiento del pacto con Celis por parte de Varisco, cuando llegó a la intendencia
Dijo el juez federal que “a tan solo 8 días de haber asumido el cargo Varisco cumplimentó con los acuerdos más importantes para que Celis pudiera ejercer el dominio fáctico de la Unidad Municipal N° 2”.
En efecto, “a los 8 días de su asunción, es decir el día 18/12/15, mediante Decreto Nº 65 Varisco designó estratégicamente en el cargo de Director General de la Unidad Municipal Nº 2, con categoría 43 (la más alta), a Hernán Jesús Rivero y, del mismo modo, mediante Decreto Nº 67 nombró en el cargo de Director de la Unidad Municipal Nº 2 a Miguel Carmelo Leguizamón, ambas personas de suma confianza y amistad con Daniel “Tavi” Celis”, según consta en el expediente de la justicia federal.
Está probado en la causa que “Hernán Jesús Rivero revestía un rol fundamental, pues en su carácter de Jefe de la Unidad Municipal N° 2 de Paraná, puso a disposición de Daniel Andrés Celis los camiones recolectores y volcadores de basura que carecían de GPS para el transporte y distribución del tóxico”.
Sobre Leguizamón, el juez resaltó que fue nombrado por Varisco “en un cargo que es de carácter administrativo y que -de no ser por Celis- difícilmente podría haber accedido en el escalafón, dada su condición de analfabeto”. (Está probado en la causa que “Miguel Carmelo Leguizamón, alias “Cebolla” revestía un rol fundamental en el almacenamiento, transporte, distribución y venta de marihuana, pues en su condición de Director de la Unidad Municipal Nº 2 de Paraná, puso a disposición de Daniel Andrés “Tavi” Celis los camiones recolectores de basura que carecían de GPS para el transporte terrestre del estupefaciente, sino que además utilizaba su vehículo particular marca Fiat Qubo, para el acondicionamiento y entrega del tóxico en proximidades de la Unidad Penal, como para su ingreso”).
Seis meses después -mediados de 2016- “Varisco ya había designado a 15 personas más que le respondían a Celis”, agregó el magistrado.
A la fecha del procesamiento (mediados de 2017) de los miembros de la banda narco, “Varisco (había cumplido) con un total de 33 designaciones de las 40 comprometidas”.
Entre las designaciones de personas “de confianza de Daniel “Tavi” Celis”, se señalan en el expediente: “la pareja del propio Celis, María Fernanda Orundés Ayala, mediante el Decreto Nº 2181 de fecha 24/10/16, en la Dirección General de Comunidad Vecinal de Desarrollo Social, siendo en el mismo acto administrativo trasladada a la Unidad Municipal Nº 2”. (Está demostrado para la Justicia que “María Fernanda Orundés Ayala, no solo era la pareja de Daniel “Tavi” Celis, sino que además se desempeña en la Unidad Municipal N° 2 desde donde salieron los camiones volcadores con el estupefaciente y colaboraba con el mismo encargándose de la recaudación del producido de la distribución y venta del tóxico a organizaciones más pequeñas en los barrios Paraná XVI, Antártida Argentina y San Agustín de la ciudad de Paraná”.)
Otra designación firmada por Varisco -el mismo día- fue la de “Renzo Bertana, mediante Decreto Nº 2178 y con la misma modificación, es decir se los designa en la Dirección General de Comunidad Vecinal de Desarrollo Social y en el mismo acto administrativo se lo traslada a la Unidad Municipal Nº 2”, que de facto ya comandaba Celis.
El magistrado reiteró una vez más que Varisco continuó cumpliendo el pacto sellado con Celis, con las designaciones “de personas de estrechísima confianza y relación con Daniel “Tavi” Celis, aún cuando éste ya se encontraba detenido por el Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos, lo que ocurrió en el mes de agosto de 2016” (por otra causa de robo).
De ese modo, Varisco designó -con Celis ya detenido- “a María Laura Zurita (quien le proveyó a Celis los celulares estando detenido), quien ingresó el 29/10/2016 en el Centro de Integración Comunitaria “La Floresta” y es trasladada a la Dirección de Jardines Maternales de la Municipalidad, mediante decreto N° 101”.
Todas esas designaciones acordadas entre Varisco y Celis, “sin lugar a dudas, le permitieron a Celis dominar de facto los anhelados recursos materiales y humanos de dicha dependencia municipal, afectándolos clandestinamente al tráfico de estupefacientes”. Lo de clandestinamente, habría cambiado este jueves.
Todos los elementos señalados -entre otros- llevaron al juez Ríos a concluir que existen “indicios indubitados de la relación “política” de Sergio Fausto Varisco con Daniel “Tavi” Celis”.
En ese marco el magistrado destacó “dos episodios registrados, en los cuales se acredita la alta preocupación del Intendente y sus colaboradores por la suerte judicial de su socio político”, dice textualmente el auto de procesamiento.
Los hechos que para el juez son prueba “indubitable” de la estrecha relación de Varisco y Celis fueron las “averiguaciones y/o gestiones telefónicas sobre la detención de Celis una vez que fuera ordenada y ejecutada por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos”.
“El primer suceso es la conversación en tono de negociación que mantiene el entonces Secretario de Ambiente de la Municipalidad de Paraná, Marcelo Álvarez, con el abogado Hugo Gemelli, quien representaba a Celis, a raíz de un supuesto enojo y toma de represalias por parte del apresado hacia Varisco”.
En esa conversación “se advierte claramente el interés por parte de los interlocutores de encauzar la situación, encomendándose mutuamente gestiones que mejoren la situación procesal de Daniel “Tavi” Celis, con el fin de evitar el conocimiento público del diferendo”.
“El segundo suceso es la inapropiada conversación (sic) entre Griselda Noemí Bordeira en su carácter de Secretaria de Seguridad de la Municipalidad de Paraná (imputada este jueves), con el funcionario Policial Guillermo López, quien prestaba servicios en el mes de agosto de 2016 en la Departamental Diamante”.
En esa conversación, “está clara la preocupación por parte de la funcionaria municipal por obtener información del estado de situación de la detención, dado que familiares de Celis iban todos los días al Palacio municipal para hablar con el Intendente por dicha situación procesal, siendo la función destacada de Bordeira (subsecretaria de Seguridad municipal), y probablemente Ricardo Frank (a cargo de la Seguridad del Municipio), de contener dicha situación del modo más disimulado posible”.
Esa conversación “además de elocuente es secreta, dado que Bordeira antes de comenzar la conversación se asegura que quien llame sea una voz masculina desde un teléfono de flota municipal, para una vez asegurado que el interlocutor es su conocido -el funcionario policial Guillermo López- iniciar el diálogo con una especie de contraseña y hablar en la más absoluta reserva”.
