La petrolera estatal ya fue allanada en el marco de una denuncia penal que tiene varios frentes abiertos en otros ámbitos por la adjudicación, por cinco años (prorrogable por dos más), del transporte marítimo y abastecimiento de hidrocarburos, a través de la Hidrovía, entre Santa Fe y Chaco, el mayor contrato de YPF en este segmento.
La empresa Horamar se quedó con la licitación por un monto que superaría los u$s70 millones e ingresó en zona de sospecha por incluir dentro de la oferta la construcción de la mayoría de las barcazas que utilizará en un astillero en Paraguay, en detrimento, por ejemplo, de Astilleros Río Santiago, nacional y especializado en embarcaciones petroleras. El juez Sebastián Ramos secuestró toda la documentación ligada al proceso e incluso, los eventuales correos electrónicos intercambiados entre los directivos de la petrolera y la empresa naviera que se impuso en la compulsa. El ex CEO de YPF Miguel Ángel Gutiérrez pudo evitar que la Justicia se llevara su computadora también.
El 11 de abril de 2019, YPF abrió la licitación por servicios de transporte fluvial de combustibles entre San Lorenzo y Barranqueras a partir del 1 de enero de 2021, cuando venza el actual contrato. La petrolera invitó a participar a 12 compañías navieras, pero sólo cinco presentaron ofertas técnico -económicas para competir. Algunas fueron descalificadas en el camino por cuestiones técnicas, por lo que la pelea quedó entre dos: Horamar -una de las principales empresas del país que es controlada por el Grupo Navios Maritime Holding (que cotiza en la Bolsa de Nueva York) y que están representados en el país por Claudio López y sus hermanos Carlos y Horacio; y la actual concesionaria, National Shipping. Antes de iniciar el proceso, la empresa que explota el contrato hizo una propuesta a YPF para reducir en un 40% los costos si renovaba, ya que el objetivo declamado por la petrolera para realizar la compulsa era reducir los costos a la mitad de la concesión. Sin embargo, YPF adujo que ese ofrecimiento llegó sobre la hora del lanzamiento de la licitación y continuó con el proceso. National presentó la oferta más baja. Pero YPF decidió hacer una segunda vuelta, donde Horamar se terminó imponiendo, el 6 de septiembre pasado, menos de un mes después del resultado adverso en las PASO y con un año y medio de antelación respecto a la finalización del contrato vigente.
El primer indicio de irregularidades lo reveló el portal especializado EconoJournal, que consignó que la licitación fue denunciada en múltiples frentes. La Cámara de la Industria Naval acudió a la Oficina Anticorrupción, entonces todavía presidida por Laura Alonso. Esa demanda apuntó a irregularidades en el proceso y pidió el secuestro de toda la documentación relacionada ya que se habría incumplido con la Ley 27.418 de promoción de la industria naval, por la utilización del astillero Chaco paraguayo en la construcción de seis barcazas y que otros dos remolcadores serían importados de China.
Existen sospechas respecto a posibles vinculaciones entre funcionarios y agentes privados. A su vez, YPF resultó demandada en el fuero civil y comercial federal por la propia Cámara. Mientras tanto, también precisó EconoJournal, el sindicato de obreros marítimos de YPF (SUPeH) directamente apuntó a la Justicia penal, a comienzos de octubre, e incluía la resistencia del gremio -que tiene representación en National- y el pedido de una medida de “no innovar” para frenar los alcances de la licitación. Hubo una tercera presentación contra la petrolera por parte de la Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de La República Argentina, con la firma de su secretario general, Juan Carlos Schmid.
Por lo bajo, no sólo se cuestiona la velocidad que adquirió el proceso, ante el posible cambio de conducción política de la petrolera bajo control estatal, sino los posibles puntos de contacto entre los intereses privados y los de los entonces funcionarios de Cambiemos. El exsubsecretario de Puertos y Vías Navegables, Jorge Metz, venía de desempeñarse como gerente de Horamar. Había una intención de morigerar la influencia gremial que había en National Shipping por pedido expreso del exministro de Transporte Guillermo Dietrich. Y en torno a los astilleros locales que se vieron perjudicados, persiste la sospecha de que a través de la estructuración financiera de la operación de construcción de las barcazas y la futura explotación asoma la figura del empresario Nicolás “Niki” Caputo, de cercanía absoluta con Macri.
Al regreso de la feria, Comodoro Py reactivará este expediente que tiene aristas complejas de resolución también en lo administrativo: el nuevo presidente de YPF, Guillermo Nielsen, tendrá que decidir qué hace con un millonario contrato heredado, y si el Gobierno acepta las condiciones que negoció su predecesor mientras se sustancian causas judiciales en distintos fueros.
Fuente: Ámbito
