Tal como está, el sistema previsional provincial no puede sostenerse.
Corre serio riesgo la finalidad misma para la que fue diseñado y su subsistencia depende de la sensatez de los actores involucrados: la dirigencia política y sindical entrerriana y los empleados y funcionarios públicos -aportantes y beneficiarios- de un sistema que, al ser deficitario, se sostiene con impuestos que pagan todos los contribuyentes de la provincia, incluidos quienes no son ni serán beneficiarios del sistema previsional de Entre Ríos.
Los datos estadísticos a los que accedió NOTICIAUNO exhiben –además de la colosal brecha entre las jubilaciones cuyo monto es “de privilegio” y las más rezagadas- un sistema en el cual ni los aportes ni los aportantes alcanzan para cubrir los haberes de sus beneficiarios. Mucho menos para garantizar el 82 por ciento móvil, un derecho adquirido de rango constitucional.
La curva de evolución de la población pasiva beneficiaria en la Provincia marca un horizonte más que preocupante.
Mientras el número de beneficiarios crece año tras año, la cantidad de aportantes -empleados - decrece levemente y en el mejor de los casos permanece estancada. No queda margen para acrecentar la cantidad de aportantes, pues supondría engrosar la planta de un Estado que hace años está sobredimensionada.
Es por eso que cada mes hay que buscar más de 1.200 millones de pesos, para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial. Esto es: faltan 60 millones de pesos por cada día hábil para cubrir el desfasaje de la Caja.
Si resulta evidente que está en juego la “solidaridad” del sistema y con ello su propia subsistencia y razón de ser, y si no hay margen para que crezcan los aportantes, ¿qué hay que hacer?
Lo primero, DEBATIR CON SENSATEZ.
Ni la mezquindad de echar el peso solo del lado de los futuros jubilados mientras se sostienen privilegios moral y éticamente intolerables. Ni el clásico recurso de crear más impuestos. Ni el proselitismo permanente por el que se exige “no tocar” un sistema que así no aguanta más. Todos lo saben.
Aún si se estuviera de acuerdo en que “el peronismo que gobernó siempre es el único responsable de este estado de cosas”, con mayor razón es necesario el aporte sensato de una oposición política responsable. No hay lugar para nimiedades, como la que propuso una diputada provincial que consideró que el sistema previsional entrerriano se vuelve sustentable eliminando un puñado de pensiones de exgobernadores y exvicegobernadores. Una burla a la inteligencia de todos.
Según datos oficiales analizados por NOTICIAUNO, al mes de noviembre de 2019:
-hay 55.889 jubilados (y pensionados). Se calcula que a diciembre de 2019 ese número roza los 60.000 beneficiarios.
-solo en la última década, se jubilaron 19 mil empleados del Estado provincial. Es decir que, en promedio, hay 160 nuevos jubilados por mes. Ocho nuevos jubilados por día, si se contabilizan solamente los días hábiles.
-A este ritmo, en diez años más, la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos tendrá alrededor de 73.000 beneficiarios. Los contribuyentes entrerrianos –incluidos quienes no trabajan en el Estado ni se jubilan en la Provincia- deberán destinar una cuarta parte del presupuesto provincial para pagar jubilaciones. Esto es: En 10 años, serán necesarios 25 pesos de cada 100 del presupuesto para afrontar el pago de jubilaciones provinciales.
Sensatez.
Entre Ríos es una de las provincias con la edad jubilatoria más baja. Donde con 20 años de aportes se tiene derecho a una jubilación. Eso es tan cierto como que hay funcionarios incompetentes que siendo jubilados cobran 30 veces más que un beneficiario “común”. Porque estando en actividad, en cargos que no tienen razón de ser, cobraron 30 veces más que un médico, un maestro, un policía, un administrativo.
El debate exige sensatez y autoridad moral.
Luego de la convocatoria hecha por el gobernador Bordet no hubo propuestas. Al menos no se han hecho públicas.
Los entrerrianos, en especial aquellos que contribuyen con sus impuestos a sostener el Estado provincial aún sin trabajar ni jubilarse en el Estado provincial, escuchan impávidos que “los maestros se jubilan muy jóvenes”, que “los jueces tienen jubilaciones de privilegio”, que “el sistema volará por los aires”, que “la Caja no se toca”.
En voz baja se barajan alternativas.
Un sector del sindicalismo quiere proponer que el déficit previsional se cubra con UN NUEVO IMPUESTO.
El Gobierno analiza “extender los años de aportes para no tocar la edad jubilatoria”: Que quienes quieran jubilarse jóvenes puedan hacerlo, aunque aportando un tiempo más siendo jubilados.
¿Qué hay que hacer?
Sensatez. Ni la liviandad de quienes tienen el futuro asegurado de la mano de privilegios. Ni marketing político vacío. Ni proselitismo sindical de trinchera.
La clase dirigencial –política y gremial- y quienes captan los mayores privilegios del sistema, son responsables de lo que suceda con la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.
Tienen en sus manos no solo el bolsillo de los contribuyentes entrerrianos, sino el futuro –la vejez- de decenas de miles de ellos.
Fuente: NOTICIAUNO
