La operación “Allende” se diseñó en pleno aislamiento social, cuando la atención pública está puesta en las dificultades de una situación extraordinaria que afecta a todos. Cuando la Justicia está “de feria”.
No habría mejor momento para conseguir “una salida” a las causas complejas con alto impacto en la opinión pública que involucran a José Ángel Allende, y para intentar eludir los cuestionamientos -que existen- sobre la mano política con estrechas vinculaciones judiciales -y con el imputado-, que se ha transformado en su virtual vocera e intermediaria en algunos ámbitos del poder.
Durante la cuarentena, este personaje que detenta cierto poder político (aunque ha cosechado un alto grado de rechazo entre sus colegas), encontró la oportunidad para que el exdiputado provincial e histórico secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, insista -una vez más- con un juicio abreviado que incluya todos y cada uno de los graves delitos que se le imputaron en diversas causas judiciales pendientes en la justicia entrerriana: enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, coacción contra el periodista y director de Noticiauno, Martín Carboni, y amenazas, agresiones verbales y hostigamiento hacia la ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez.
Fuentes inobjetables revelaron a NOTICIAUNO que la defensa del exdiputado provincial José Allende presentó un pedido de juicio abreviado que unifique todos los expedientes que lo involucran. “Un 3x1”. Y lo hizo “con el camino allanado”.
No es la primera vez que lo intentan. La diferencia ahora es el contexto: una sociedad preocupada y ocupada por sobrevivir a la crisis del coronavirus.
La finalidad única de la Operación “Allende” es “evitar los juicios orales y públicos” que los delitos atribuidos al titular de UPCN ameritarían. Todo a espaldas de una sociedad que reclama a gritos una Justicia transparente.
El desenlace -de concretarse- pondría, una vez más, a la Justicia –y a quienes operan desde la política amparados en cargos de envergadura - en el foco de todas las críticas.
La movida es “promovida” y “garantizada” por una alta funcionaria de estrecha relación con el exlegislador y perpetuo mandamás de UPCN, que se “encargó de poner en marcha el mecanismo y se arrogó –erróneamente- la experticia para atar ‘todos’ los cabos que aseguren que el tema no trascienda a la opinión pública”.
¿Por qué mantener silencio?
¿Qué se esconde?
La fuente aseguró además que “el exdiputado quiere que le unifiquen todos los expedientes que lo involucran”. Y añadió: “un juez estaría dispuesto a homologar: libertad para el exdiputado, tranquilidad para sus familiares implicados en los ilícitos, y la entrega de algunos bienes apropiados ilícitamente.
El juicio abreviado es un procedimiento especial previsto en el Código Procesal Penal que permite que el imputado pueda pactar un acuerdo judicial que, aunque perfectamente lícito, resulta intolerable para la ciudadanía cuando de funcionarios públicos se trata y es debatible ética y políticamente: confesar la comisión de delitos para no ser sometido a juicio oral y público y acordar la pena que, según la fuente “será obviamente excarcelable”.
El polémico mecanismo procesal -que tiene defensores y críticos- no presenta limitaciones en el sistema entrerriano. A tal punto que podría beneficiar a un exfuncionario público que, mientras fue funcionario público y tenía fueros parlamentarios y sindicales, atentó contra un bien sagrado para el sistema democrático: la libertad de expresión. Además de enriquecerse ilícitamente y coaccionar y hostigar a una ministra del gobierno provincial (del que el propio Allende formaba parte).
Centrándonos exclusivamente en la causa por amenazas al periodista Martín Carboni de Noticiauno -que necesariamente atañe a este medio por su calidad de “víctima y denunciante”-, no caben dudas: “de concretarse un acuerdo de tales características, Allende, y quien le ha sugerido y allanado este camino desde el poder político, emblemas de la vieja política, demostrarían que hacen lo que quieren”.
Vale recordar que por el delito de amenazas contra el periodista Martín Carboni, el fiscal es Álvaro Piérola, yerno de la ministra de Gobierno, Rosario Romero.
El entonces diputado provincial dijo en una entrevista radial “que se dejen de joder” con las publicaciones que criticaban la gestión del exministro de Salud, Ariel De La Rosa - su ahijado político- y que lo criticaban a él en su función como diputado y sindicalista. Y utilizó livianamente el atroz crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas, para dejar un mensaje intimidatorio al periodista de Noticiauno. Comparó lo que podría ocurrirle a Carboni con el asesinato de Cabezas.
No habría peor oportunidad que la previa a un 7 de junio, Día del Periodista, para que un exfuncionario público imputado por el gravísimo delito de amenazas contra un periodista, solicite el beneficio –con inmensas chances de prosperar- de un juicio abreviado. Para así escapar al necesario debate oral y público que permita que un juez imparcial e independiente garantice -al imputado, a la víctima, y a la sociedad- que en esta provincia NADA SE RESUELVE ENTRE GALLOS Y MEDIANOCHE.
De consumarse un juicio abreviado en este caso, el “sistema” habría sentado un oscuro precedente: “en Entre Ríos, los funcionarios públicos pueden coaccionar a una ministra del gabinete provincial, pueden apropiarse de los dineros públicos, y pueden amenazar a al periodismo que se atreve a exponerlos. Y luego, acceder, con aceitados vínculos político-judiciales, a una pena negociada entre gallos y medianoche”.
Fuente: NOTICIAUNO
