Los dueños del Nuevo Banco de Entre Ríos SA sustrajeron a la inversión productiva del país más de 100 millones de dólares durante el gobierno de Mauricio Macri.
Los Eskenazi fueron beneficiados por el modelo de endeudamiento que desencadenó la actual crisis que azota a la mayoría de la población. Son los mismos que en plena crisis le cobraron a la Provincia más de 800 millones de pesos anuales por ser Agente Financiero, como publicó Noticiauno.
El presidente del Bersa, Enrique Esquenazi, y varios integrantes del clan familiar -que forman parte del directorio del Agente Financiero de Entre Ríos- encabezan el ranking de personas físicas que fugaron millones de dólares en la etapa de Cambiemos.
Según el informe del periodista Horacio Verbitsky, al que accedió NOTICIAUNO, el presidente del Bersa, Enrique Esquenazi, su hijo Matías Eskenazi Storey (vicepresidente), su otro hijo Sebastián Eskenazi Storey (director del Bersa), junto a otros integrantes del clan familiar, sacaron a la inversión productiva y desarrollo del país más de 100 millones de dólares al amparo de la política macrista.
En efecto, el listado de 5 millones de personas que atesoraron más de 73.640 millones de dólares entre 2015 y 2019, está encabezado por el presidente del BERSA, Enrique Eskenazi, con 40,5 millones de dólares.
Su hijo, Matías Eskenazi Storey (vicepresidente del BERSA), figura en segundo lugar en la lista de fugadores con 29 millones de dólares que extrajo del circuito de desarrollo.
Sebastián Eskenazi Storey (director del BERSA), aparece en sexto lugar con 18,2 millones de dólares.
La hija, Valeria Eskenazi Storey, con 7,8 millones de dólares y Esteban Eskenazi, con 7,4 millones de dólares.
Todos compraron dólares en el Mercado Único Libre de Cambios para atesoramiento durante el gobierno de Cambiemos, que estimuló esa fuga, suprimiendo todo tipo de regulaciones, remarca el informe.
Los Eskenazi tienen entre sus actividades bancos, aseguradoras y o financieras. En la lista de la financiarización también se aprecia la presencia de Pablo Gutiérrez, vicepresidente del Grupo Galicia, con 13,3 millones de dólares. Antes tuvo a su cargo la Banca Privada, que es la dependencia que se especializó en la remisión de dinero de argentinos al exterior sin declarar. También está el presidente del mismo banco, Eduardo Escasany, con 5,5 millones. Los Eskenazi tienen una participación menor en el mismo grupo.
En marzo el presidente Alberto Fernández encargó a las autoridades del Banco Central un detalle sobre la deuda tomada durante el macrismo y el destino que tuvieron esos fondos.
El documento oficial que se difundió en medio de la negociación con acreedores privados y el Fondo Monetario al que tuvo acceso este medio, consigna, entre otros puntos, que “el modelo de endeudamiento y fuga adoptado por el gobierno anterior no se limita al impacto negativo en el nivel de actividad económica y empleo, sino que se cuenta también en el plano distributivo. Tal como lo refleja la información del período, unos pocos individuos y empresas (como los Eskenazi), concentraron la mayor parte de la demanda de dólares. En paralelo, el régimen de liberalización financiera y endeudamiento desencadenó una crisis macroeconómica cuyos efectos sobre los ingresos de la gran mayoría de la población han sido desastrosos”.
El informe del Central advirtió además que la fuga de capitales entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 duplica a las reservas internacionales actuales del país.
Hubo 10 personas (humanas o jurídicas) que se llevaron de la economía 7.945 millones de dólares y 100 personas que adquirieron 24.679 millones de dólares, entre los que figuran, a la cabeza, los miembros del clan Eskenazi que manejan el BERSA, entidad que tiene asegurado un fenomenal negocio también en Entre Ríos, como contó Noticiauno.
Las estadísticas respecto de lo ocurrido en el mercado de cambios bajo el amparo de Mauricio Macri “ratifican que la fenomenal deuda externa contraída en el período, lejos de utilizarse en favor de la superación de los problemas estructurales del país, su principal uso fue el financiamiento de un régimen de especulación y valorización financiera”, añade el Central.
La “formación de activos en el exterior” como se denomina en lenguaje técnico a esta operación, fue legal entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, por lo que la mención de quienes fugaron del país los millones de dólares que el gobierno de entonces obtuvo en préstamo en el mercado voluntario de crédito hasta febrero de 2018, y del Fondo Monetario Internacional cuando aquella ventanilla se cerró, no implica atribuirles ninguna infracción a la ley penal.
En todo caso, ese dinero desapareció del mercado productivo y la lista de los fugadores constituye “una radiografía estructural de la postración argentina”, como concluye el informe.
Fuente: NOTICIAUNO