En una presentación formal ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones integrado por los magistrados José María Chemez, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, manifestó su formal “oposición a la acumulación de causas” que se pretende en el escandaloso acuerdo de Juicio Abreviado firmado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del exdiputado provincial José Ángel Allende.
Tal como contó Noticiauno, el acuerdo de Juicio Abreviado en beneficio del mandamás de UPCN, no es aún un hecho consumado.
Según surge de la presentación judicial a la que accedió en exclusiva NOTICIAUNO, Velázquez expresó que, pese a haber sido víctima y damnificada por el cuádruple imputado, tomó conocimiento del Acuerdo de Juicio Abreviado que firmaron la defensa del imputado Allende con los Fiscales Leandro Dato (titular de la Unidad Fiscal de Violencia de Género), Cecilia Goyeneche (Procurado Adjunta del Ministerio Público Fiscal), Álvaro Piérola (quien llevó adelante la causa por amenazas coactivas contra el periodista Martín Carboni) y Patricia Yedro, “por medios periodísticos”.
Con el patrocinio letrado de la abogada feminista Fernanda Vásquez Pinasco, la ministra manifestó su “oposición a la acumulación” (de causas) acordada (en su caso, por el Fiscal Dato), “en atención a que dichas causas deberían tratarse y ser resueltas de manera independiente o por separado, por ser de distinta sustancia y naturaleza penal”, y “a los fines que se individualice la pena para cada una, sin que una quede subsumida en la otra y se desnaturalice el proceso de Juicio Abreviado”.
Velázquez precisó que se opone a un Juicio Abreviado “basado en la ACUMULACION DE PROCESOS O CAUSAS NO CONEXAS”, que “NO TIENEN RELACION ALGUNA ENTRE SI POR SER DE DISTINTA NATURALEZA”, ya que de ese modo, el proceso concluiría en “UNA CONDENA UNIFICADA QUE NO RESPONDE AL ESTANDAR DE INDIVIDUALIZACION DE LA PENA Y DE CAUSAS PARA ESTA CLASE DE JUICIOS”, como lo establece el Código Procesal Penal de Entre Ríos.
Una condena unificada -agrega- “NO RESPONDE A UN ACTO DE JUSTICIA PARA CON LAS VICTIMAS NI PARA CON EL INTERES SOCIAL DE LA PENA AL MEZCLAR AMBOS PROCESOS (el de enriquecimiento ilícito-negociaciones incompatibles con la función pública y el de amenazas en su contra).
En un duro párrafo del escrito de rechazo, la funcionaria remarcó que pretende “QUE EN ESTE PROCESO PENAL NO SE INVISIBILICE LA VIOLENCIA DE GÉNERO” perpetrada por el entonces diputado provincial en su contra.
Entre los argumentos que respaldan la presentación, Velázquez remarcó que “en virtud de tratarse de un delito cometido en el contexto de violencia de género, EL INTERÉS JURIDICO PROTEGIDO ES EL DERECHO HUMANO DE LAS HUMANAS”, y advirtió que “desconocer dicha circunstancia CONSTITUYE VIOLENCIA INSTITUCIONAL, SIENDO RESPONSABLES LOS AGENTES DEL ESTADO EN LOS TÉRMINOS EXPRESADOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en el caso ‘Campo Algodonero, González y Otras’”.
Velázquez dejó en claro que “si bien es cierto que el juicio abreviado garantiza una administración de justicia más rápida y expeditiva, ELLO NO IMPLICA QUE DEBA HACERSE SOBRE LA BASE DE LA LESION DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS Y DEL INTERES SOCIAL DEL CASO”.
La titular de la cartera sanitaria le planteó al Tribunal que “DICHA INDIFERENCIA, QUE EN MI CASO SE MANIFESTARIA CON LA ACUMULACION, CONSTITUYE EN SI MISMA UNA DISCRIMINACION DE LA MUJER”.
Argumentó que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos reitera que la indiferencia judicial frente a casos individuales y de violencia contra las mujeres PROPICIA UN AMBIENTE DE IMPUNIDAD QUE FACILITA Y PROMUEVE LA REPETICION DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA EN GENERAL, Y UN MENSAJE SEGÚN EL CUAL LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PUEDE SER TOLERADA Y ACEPTADA, LO QUE FAVORECE SU PERPETUACION Y ACEPTACION SOCIAL DEL FENOMENO, Y LA SENSACION DE INSEGURIDAD DE LAS MUJERES, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de Justicia”.
Finalmente, la ministra de Salud solicitó al Tribunal de Juicio y Apelaciones ser citada a la audiencia del día 1º de julio en la cual se analizará si el acuerdo prospera, a fines de expresar su voluntad y ampliar los términos de su rechazo, petición que fue acogida por los magistrados.
Fuente: NOTICIAUNO
