Un grupo de dirigentes de la UCR, enrolados en la agrupación “Radicales por la Producción y el Trabajo”, de la cual forman parte, entre otros, los exsenadores provinciales Raymundo Kisser y Miguel Piana, expresaron su rechazo al proyecto de ley de Emergencia Solidaria enviado por el gobernador Gustavo Bordet a la Cámara de Diputados.
En un crítico documento enviado a NOTICIAUNO, afirmaron que “esta emergencia no es más que poner al descubierto el histórico déficit que viene soportando Entre Ríos, donde se gasta mucho más de lo que se recauda”. Aseguraron que “se está convocando compulsivamente especialmente al sector productivo para que realice un aporte importante, pero no para cambiar nada, sino solo para seguir con la fiesta”, y advirtieron que “con una ley de emergencia no se soluciona un régimen previsional que está destinado a tener perdurabilidad a través del tiempo”.
El comunicado
“¡LEY DE EMERGENCIA, OTRA VEZ!!!
¿Después de dos décadas de Gobierno, quien es el Responsable?
HAGANSE CARGO!!!
Cuando los gobiernos son mediocres, no entienden, no piensan, se hacen los distraídos, solo atacan y, recurren al bolsillo ajeno.
Una vez más, ante la falta de recursos intelectuales, nos anuncian una “Ley de Emergencia Pública” en la Provincia de Entre Ríos”, y para ello argumentan la necesidad de “Asegurar el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado Provincial y la normal prestación de los servicios públicos”. En realidad, esta emergencia que se pretende sea declarada por ley, no es más que poner al descubierto el histórico déficit que viene soportando Entre Ríos, donde se gasta mucho más de lo que se recauda.
Entonces, la más fácil: declarar culpable a la mencionada pandemia COVID-19, cuando en realidad, la responsabilidad hay que encontrarla en la ausencia de un gobierno con un proyecto político serio, de crecimiento y desarrollo, donde la optimización del gasto público es esencial.
Ocurre que aquí se siguió surfeando sobre la cresta de la ola, esquivando algunas turbulencias, a pesar de la buena predisposición de la Nación que, durante años, y en especial en el último mandato, ha depositado mensualmente, y hasta con los adelantos, la coparticipación, y así, evitar un desequilibrio fiscal. Nada de eso ha sido suficiente. No hubo un control, ni se optimizó el gasto público y, tampoco se encauzo a la Provincia. No es casualidad que Entre Ríos sea la hermana pobre de la Región Centro.
Los entrerrianos debemos asumir que, en los últimos años, los Gobiernos de esta Provincia siempre fueron de un mismo color político, y los que han Gobernado han llevado al empobrecimiento a gran parte de la sociedad, mientras que algunos funcionarios, se convertían en los nuevos ricos de la sociedad.
Ahora, se está convocando compulsivamente, con este proyecto de ley, que perjudica a un amplio sector, especialmente el productivo, para que realice un aporte importante, pero no para cambiar nada, sino solo para “asegurar el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado provincial y la normal prestación de los servicios públicos”. El art. 1º del proyecto de ley lo expresa con claridad. Aquí no se quiere cambiar nada. Se quiere seguir con la “fiesta”.
Nadie puede hacerse el distraído: La emergencia, por la pandemia, se viene atendiendo desde el Gobierno Nacional. La provincia no contribuye o aporta para el pago de todos los subsidios, como son la IFE, sueldos a los empleados de algunas actividades, o asistencia a ciertos sectores, etc.. Evidentemente, frente a esta turbulencia, hay que “meterle la mano una vez más en el bolsillo” a un sector importante de los entrerrianos, y para que nada cambie y, se siga gastando mal.
Se pretende convocar “solidariamente” a los entrerrianos para que, de sus sufridos bolsillos, aporten para que esta fiesta continúe. La solidaridad, es un aporte voluntario, y que se sepa, aquí no es justamente eso, sino obligatorio. Se trata de un impuesto, que afecta no solo a los que producen, sino también a los que trabajan y los que están en la pasividad. Es un impuesto al trabajo, ya sea autónomo, o en relación de dependencia.
Lo que se pretende sancionar, no tiene el nombre que se le quiere dar, sino el que realmente tiene: Es un impuesto más, y como muchos impuestos extraordinarios o excepcionales, lo será para siempre. Esta Provincia no tolera más presión impositiva, y lo vienen sosteniendo todas las entidades que nuclean a las principales actividades productivas, sean industriales, comerciales, agropecuarias o del trabajo.
No puede pasar inadvertido lo que se quiere plasmar en el art. 3º de este proyecto de ley, que no es nada más que permitir al Poder Ejecutivo Provincial, por supuesta vía reglamentaria, pueda crear otros impuestos. Es lisa y llanamente, bajo el argumento de la reglamentación, delegar facultades legislativas que le corresponden al Poder Legislativo. Los objetivos de una ley, deben surgir de su propia redacción y sanción, pero nunca quedar supeditados a la reglamentación, máxime cuando se quiere recurrir al art. 35º de la Constitución Provincial. Esa norma impone, como obligación del Estado, el equilibrio fiscal, y ese equilibrio es un derecho colectivo de los entrerrianos.
También, en este proyectado art. 3º, se habla de “Fortalecer el carácter solidario, proporcional y equitativo del régimen previsional con la finalidad de asegurar la sustentabilidad del sistema”. La sustentabilidad del sistema de la Caja de Jubilaciones de la Provincia no se logra con más impuestos, y menos por vía reglamentaria, sino con una ley sancionada por la legislatura. Se logrará haciendo un estudio serio y razonable de toda la ley, de los beneficios que se otorgan, y con un adecuado régimen de financiamiento, pero que se prolongue a través del tiempo. Con una ley de emergencia, no se soluciona un régimen previsional que está destinado a tener perdurabilidad a través del tiempo. Esto realmente es absurdo. Es un engaño. La situación originada, supuestamente, por la pandemia, no puede ser el argumento para querer tratar el déficit histórico, de los últimos años, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. Esto no es serio.
Sin dudas que el proyectado art. 9º, atado a las facultades que se pretenden con el art. 3º, es tremendo. Uno de los requisitos esenciales, en materia tributaria, es justamente la precisión normativa, la tipicidad, y con la misma rigurosidad de una normativa penal. Lo que se debe tributar, debe surgir de la ley, y no de un decreto reglamentario. Es un absurdo pretender dimensionar un impuesto por la cantidad de hectáreas, y no por su avalúo.
Este proyecto, no solo generará malestar en el sector productico, industrial y comercial sino también, de la Policía de la provincia, servicio penitenciario, empleados públicos, funcionarios judiciales, y del sector pasivo.
Señor Gobernador asuma su responsabilidad. Después de más de un mandato ya cumplido:“HAGASE CARGO”. No se olvide que “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”.
Gobierne esta Provincia con un plan serio y responsable. Lleve a cabo un plan de gobierno, que implique el crecimiento y desarrollo armonioso de toda la Provincia. Eso conlleva una necesaria optimización del gasto público. Este proyecto de “emergencia”, no es más que una mayor presión tributaria, y los entrerrianos, a eso, no lo soportamos más".
Fuente: Noticiauno
