Con la asistencia de los 34 integrantes, este miércoles se llevó adelante la séptima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, para debatir como tema excluyente el proyecto de Ley de Emergencia Solidaria elevado el viernes por el gobernador Gustavo Bordet.
En cumplimiento de los protocolos de aislamiento implementados, estuvieron presentes en el recinto las autoridades de la Cámara y los presidentes de los cuatro bloques políticos, mientras el resto de los legisladores sesionaron de modo virtual.
La iniciativa oficial, que cosechó un amplio rechazo gremial –aunque hubo una desnutrida movilización sindical a la Casa gris- obtuvo media sanción, registró NOTICIAUNO. Se espera que el Senado la convierta en ley en las próximas horas.
Votaron a favor del proyecto de Bordet, en general, todos los diputados del Frente Creer, y al momento de votar el proyecto en particular hubo dos abstenciones, de las diputadas kircheristas Mariana Farfán (Gualeguaychú) y Estefanía Cora (Paraná)-, que no acompañaron los artículos 4 y 6 que establecen por el plazo de un año –prorrogable por 180 días- y “a fin de mantener el sostenimiento del régimen previsional provincial” un aumento escalonado de los aportes personales de los trabajadores estatales que perciban remuneraciones superiores a 75 mil pesos líquidos; y por otra parte crea un aporte solidario extraordinario en cabeza de los jubilados provinciales que perciben haberes superiores a 75 mil pesos, puntos que fueron rechazados por la totalidad de las organizaciones gremiales.
Como contó este medio, la Emergencia establece además un aporte extraordinario del 10% del impuesto inmobiliario anual aplicable a los inmuebles rurales cuya superficie sea igual o superior a 1.000 hectáreas y un aumento de la base imponible del impuesto a los Ingresos Brutos que pagan las entidades financieras y droguerías, que será coparticipable con los Municipios. Otro de los puntos de la Ley dispone que mientras dure la Emergencia quedan suspendidas las paritarias salariales “por fuera de lo que pudiere acordarse en el marco de las Paritar ias de la Administración Central”. La medida comprende a todos los organismos que tienen regímenes diferenciados, y en el caso particular de los funcionarios y empleados del Poder Judicial significa lisa y llanamente la derogación de la denominada Ley de Enganche, que equipara –desde el año 2011- los sueldos de los jueces provinciales con los nacionales, y cuyo aumento resuelve la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En general, la oposición dijo compartir la necesidad de “tomar medidas y analizar el gasto público”, pero argumentó su rechazo por el “tratamiento exprés de la iniciativa”, ya que “48 horas después de ser anunciada se está tratando en Diputados”, chequeó NOTICIAUNO.
El diputado Gustavo Cusinato (Cambiemos) recordó que los integrantes de su bloque le habían planteado a la ministra de Gobierno, Rosario Romero, la necesidad de constituir “el Consejo Social y Económico para debatir estos temas y la necesidad de buscar mecanismos de consensos para discutir los problemas de Entre Ríos”. El legislador de Nogoyá refirió que si bien “esta emergencia no es novedosa” y la comparó con la promovida por el exgobernador Mario Moine en 1995, “tiene otras características”. “Yo la calificaría como el agotamiento de un modelo de administración”, consideró. “Podrán decir que el gobierno anterior a partir de la derrota tomó medidas en detrimento de la provincia, pero no se puede soslayar los problemas que tuvo esta provincia con 4 gestiones justicialistas”, criticó, y calificó la ley como “un parche”, ya que se prevé recaudar “2.220 millones de pesos, cuando el déficit estimado de la Caja supera los 16 mil millones” este año.
Por su parte, el diputado macrista Nicolás Mattiauda, afirmó que la Emergencia “deja al descubierto la grave situación de las finanzas provinciales”, y que “el gobernador ha dilapidado parte de su prestigio como dirigente político, pasando de ser un gobernador del diálogo a un gobernador autoritario”, lanzó.
El legislador reprochó que “la oposición debió haber sido parte de este debate”, y dijo que “es una ley de ajuste y rebaja, es un parche, no resuelve la eficiencia del gasto, ni siquiera el déficit del primer cuatrimestre”. Desmintió que “esta ley alcanza a los sueldos más altos, sino a los de mayor antigüedad”, dijo, y señaló que “va a impactar en las futuras jubilaciones de los que están cerca de jubilarse”, y que “es cuestionable el sacrificio que tienen que hacer cuando la planta del Estado está sobredimensionada sobre todo por negligencia de quienes gobiernan”. En otro tramo de su alocución, Mattiauda expresó que esta pandemia deja en claro “que el Estado puede funcionar sin tanto gasto operativo”.
A su turno, el diputado Néstor Loggio, cuestionó las afirmaciones de Mattiauda “porque la culpa la tiene el Estado, pero hoy es el Estado el que está garantizando la vida”, dijo. Loggio responsabilizó al gobierno de Mauricio Macri por el estado de las cuentas provinciales, al afirmar que “Macri logró estanflación, algo que solo logran los muy incapaces”. Diferenció que “en ese proceso, Bordet logró disminuir la planta del Estado en 3.500 agentes. Bordet ha venido ordenando esto y por eso fue reelecto el año pasado”, subrayó. Más adelante, el legislador de Concordia remarcó que “en esta situación de emergencia necesitamos un esfuerzo de los que más podemos”, e insistió en criticar a “algunos legisladores de pensamiento liberal que no quieren que nadie pague impuestos pero que quieren que el Estado preste mejores servicios”. Para Loggio, “el problema que tenemos los entrerrianos es que el sistema fiscal está centralizado en la Nación, y esto tiene que ver con el modelo de país unitario, donde las provincias recaudamos para la Nación que luego nos coparticipa”. “El sistema de recaudación está centrado en los que menos tienen”, dijo, y recordó que “Macri bajó la alícuota de Bienes Personales”, para reiterar que “necesitamos un sistema donde aporten los más ricos”. En otro párrafo de su intervención, Loggio desmintió que haya un gasto político innecesario: “son alrededor de 500 funcionarios en una provincia de 1.300.000 habitantes. Bordet los disminuyó porque había 700”, dijo, y defendió que “no estamos hablando de una planta sobredimensionada de funcionarios, sino solamente los necesarios”. Asimismo destacó que “en la gestión de Bordet no hay una sola denuncia de un hecho de corrupción”. Luego reconoció que “hay salarios de funcionarios públicos muy por encima de las necesidades de un buen vivir, que es necesario discutir”. En ese punto, consideró que el proyecto en debate “es sabio cuando dice que algunos no van a poder tener aumentos por encima de las paritarias”; incluso “nadie debería ganar más que el gobernador”, opinó. Finalmente, Loggio dijo que “el aporte que estamos pidiendo, no quiero decir que es justo, porque no me gusta que le pidamos un aporte a los trabajadores”, pero “es una situación de emergencia y complicada de las finanzas provinciales”. “Hay que hacerlo. Tengo una responsabilidad desde el Estado, hacia 1.300.000 entrerrianos, no puedo no votar esta ley. No existe la magia. Entre Ríos no puede emitir moneda”, justificó.
Otro de los discursos acalorados fue el de la diputada macrista Gracia Jaroslavsky, quien reclamó a sus pares del oficialismo “cuándo mierda” iban a ponerse a estudiar para encontrar soluciones a los problemas, para luego, sí, votar una ley de emergencia. La legisladora criticó “la falta de consenso”, dijo que “se podría haber enviado a comisión y estudiarlo”. La radical reprochó que “hablan de un aporte solidario y de la solidaridad que tiene que tener la gente para con el Estado en esta situación de pandemia”.
Aunque se abstuvo de levantar la mano por su disidencia con los artículos más resistidos por los gremios, la diputada Mariana Farfán, del sector político del intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, defendió la iniciativa en general. “Los que ahora dicen defender a los trabajadores pasaron cuatro años destruyendo sus derechos, votaron en contra de la ley antidespidos, apuntaron contra la organización colectiva de los trabajadores, quisieron imponer una reforma atroz que se llevaba puestos todos los derechos laborales, se metieron con los jueces laborales que defendían trabajadores, promovieron desafiliaciones, nos endeudaron a cien años”, cuestionó la diputada, en respuesta a sus colegas de la oposición que habían adelantado su voto negativo al sostener que no se trata de una ley de Emergencia sino de un “ajuste a los trabajadores”. ”¿De qué hablan cuando hablan de los derechos de los trabajadores, cuando el eje del modelo de Macri fue cercenar esos derechos?”, ironizó Farfán, y defendió que a diferencia de Macri, el gobernador Gustavo Bordet “dio claras muestras de sostener paritarias y no despedir a ningún trabajador”, para recordar luego que “a la pandemia entramos con las defensas bajas, con un modelo de hambre y empobrecimiento”, fruto de las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional de Cambiemos.
En tanto que el presidente del bloque del PRO, Esteban Vitor, dirigió su discurso y las críticas al gobernador Bordet quien, como contó Noticiauno, afirmó que “las políticas implementadas por Macri tras la derrota electoral de las PASO generaron un hueco fiscal enorme en Entre Ríos”, que se intenta afrontar con esta ley de Emergencia. Luego de detallar pormenorizadamente los fondos recibidos por la provincia durante el gobierno de Mauricio Macri, el legislador de Cambiemos advirtió que de los 2.200 millones de pesos que el gobierno de Gustavo Bordet estima recaudar con esta norma, “la mitad o más” representarán “una transferencia directa a la familia Eskenazi”, que maneja el Nuevo Banco de Entre Ríos SA (BERSA).
Vitor recordó que en este momento, a la par de la discusión de la ley de emergencia, está en curso el llamado a licitación para renovar el contrato de Agente Financiero de Entre Ríos, y que de acuerdo a las condiciones fijadas en los pliegos licitatorios “seguramente el BERSA seguirá siendo el banco que preste el servicio”. En ese marco, el diputado opositor señaló que la entidad financiera de la familia Eskenazi cobrará este año en concepto de comisiones por manejar el dinero de los entrerrianos la friolera de 1.200 millones de pesos.
Esto significa que “la mitad o más de lo que el gobierno provincial piensa recaudar del bolsillo de los trabajadores a los que se les aumentarán los aportes jubilatorios, irá a parar a la familia Ezkenazi”.
“Este gobierno que se define progresista permitirá esta brutal transferencia de ingresos”, disparó Vitor, en un encendido discurso en el que, además, hizo un repaso de los fondos nacionales que el gobierno del expresidente Macri giró a la provincia entre otras cosas, para “paliar en parte el déficit de la Caja de Jubilaciones”.
Fuente: NOTICIAUNO
