La iniciativa, que se dio a conocer la semana pasada y este miércoles recibió luz verde de la Cámara de Diputados, finalmente fue sancionada en la Cámara de Senadores. Con el voto positivo de todos los senadores oficialistas y el rechazo de la oposición. Estuvieron presentes de modo virtual todos los legisladores y presencial los presidentes de bloque.
El miembro informante fue Amílcar Genre Bert (Frente Creer Justicialista-La Paz), quien sostuvo que en este contexto de pandemia y crisis mundial “quedó expuesta la importancia del rol que el Estado tiene en una sociedad”.
“Entre Ríos tiene un Estado presente que ha posibilitado, a través de sus herramientas, que ningún trabajador estatal haya perdido su trabajo, que los salarios se abonen en tiempo y forma, que los servicios continúen funcionando y que se sigan haciendo obras”, dijo y destacó que “todo esto se ha dado en el marco de una disminución del 50% en materia de recaudación. La proyecciones económicas no son alentadoras y había que tomar definiciones”, sostuvo al justificar el proyecto.
En este marco, destacó que el mismo “pretende regular una acción solidaria” y aclaró que “es una medida coyuntural y necesaria para poder seguir cuidando a los que menos tienen”.
Luego fue el turno del senador Rubén Dal Molín (Juntos por el Cambio-Federación). Tras recordar que hace más de dos meses su fuerza política planteó la necesidad de discutir cómo abordar el déficit fiscal y la situación de la Caja de Jubilaciones, sostuvo que la crítica situación financiera de la provincia es prexistente a la pandemia.
“Se van a recaudar 2.130 millones de pesos, de los 1.445 serán aportados por jubilados y trabajadores: esto es, 7 de cada 10 pesos serán aportados por ellos”, sostuvo, al tiempo que comparó ese monto con lo que se lee abona mensualmente al Nuevo Banco de Entre Ríos.
“Este es un ajuste sobre empleados y jubilados, no es necesario hacernos los desentendidos. Y la situación actual no es culpa de la pandemia, sino del déficit, el endeudamiento y la falta de inversión pública de al menos los últimos 10 años”, enfatizó Dal Molín.
Después tomó la palabra el senador Horacio Amavet (Frente Creer Justicialista-Uruguay) sostuvo que lo que se recaude a partir de esta ley será destinado “a la salud y a la contención social” y que “el aporte solidario deja afuera al 85% de los empleados públicos y jubilados”, por lo que calificó a la medida como “equitativa y progresiva”.
Enseguida negó que implique un ajuste y contratacó: “Ajuste fue dolarizar las tarifas de los servicios públicos y hacer una transferencia alevosa de ingresos de la población a los sectores financieros”.
Luego fue el turno del senador Francisco Morchio (Juntos por el Cambio-Gualeguay), quien en primer lugar hizo fuertes críticas a “las formas” en las que se trató la iniciativa.
Tras destacar el buen vínculo que mantiene con el oficialismo, sostuvo: “Estamos sorprendidos porque estas no son las formas. El proyecto se hizo público el viernes y hoy tendrá sanción”.
“Tres sesiones en una semana: martes y miércoles en Diputados, jueves en el Senado. En seis días se aprueba un proyecto”, lamentó.
“Cuando el Ejecutivo envía un proyecto hay dos modos de lograr que se apruebe: una es imponiendo los números, la otra es buscar consensos, debatir y enriquecer la iniciativa”.
“En este caso, se impusieron los números, no se trabajó en comisiones, no pudimos escuchar a funcionarios, ni a especialistas ni a dirigentes sindicales, ni a los representantes de los jubilados, a nadie”, señaló Morchio.
Por último tomó la palabra el senador Armando Gay (Frente Creer Justicialista- Concordia), quien manifestó que “esta ley tiene como finalidad garantizar los servicios básicos de todos los entrerrianos, sobre todo la salud en el marco de esta pandemia”.
Tras destacar que la iniciativa “controla los aumentos de salarios de los entes descentralizados que tienen regímenes especiales”, aseveró que “está en sintonía con lo que propone el Gobierno nacional” y la definió como una medida que se tomó “ante una situación extrema, inédita y adversa para poder proteger a todos los entrerrianos”.
Fuente: Apf
