Diferentes asociaciones de defensa de usuarios y consumidores respaldaron enfáticamente la decisión del presidente Alberto Fernández, que mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia declaró “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió “cualquier aumento de precios o modificación de los mismos” hasta el 31 de diciembre.
El titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, afirmó que “todas las asociaciones del Registro Nacional apoyan este decreto”, al igual que “las sanciones que hagan en caso de que no se cumpla”.
“Las empresas en Argentina se acostumbraron a estructuras de costo muy avaras y usurarias, que les dan como rédito ganancias suculentas. Ahora va a haber una regulación por parte del Estado que permitirá que no ocurran irregularidades. Hace tiempo, el problema que hubo es que la gente siguió pagando más y bajó la conectividad y la calidad del servicio”, explicó.
En este sentido, el titular de ADDUC indicó que “cualquier quita o baja de calidad viola la Ley”, por lo que las empresas “serían sancionadas”. En tanto, recordó que, ante alguna irregularidad, los usuarios deben hacer la denuncia ante el ENACOM: “No puede aumentar ni bajar la calidad hasta el 30 de diciembre. Desde ahora, hay control que es para consumidores. Aquel que esté en contra de esta medida, está en contra de los consumidores, del pueblo. Porque es la única manera que tenemos para controlar que se deje de estafar”.
Por otra parte, el fundador y representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino, expresó que está “de acuerdo” con el DNU publicado por el Gobierno nacional, ya que “es un avance muy importante”. “Se tratan de servicios esenciales que tienen que ser regulados por el Estado, y las tarifas tienen que ser justas y no abusivas. Está muy bien que se haya declarado servicio público en competencia, y que se haya declarado servicio público a la telefonía móvil”, agregó.
“Vengo luchando desde hace años para que se declare a la telefonía móvil como servicio esencial, y no solo el servicio sino tarifa también. No se la puede considerar precio, se debe hablar de tarifa, para que las mismas no se puedan aumentar hasta que tenga lugar una audiencia pública previa, como corresponde”, indicó.
También el director de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, celebró la decisión del Gobierno ya que “nos abre una puerta a una transformación muy grande” y “es un cambio copernicano”. “Estamos en un escenario totalmente distinto al de hace dos días, donde las asociaciones pensábamos cómo hacíamos para llevar nuestro mensaje”, valoró.
