Como contó NOTICIAUNO, el Frente Gremial de Entre Ríos acudirá a la Justicia y definirá un plan de lucha contra la resolución de la Caja que "elimina derechos previsionales". Señalaron que esta nueva medida se inscribe en una serie de decisiones con las que el Gobierno provincial está implementando una “reforma laboral y previsional por goteo”.
Al respecto, el presidente del organismo previsional de la provincia, Edgardo Scarione, dijo que “la base de todo esto es el artículo Nº 39 de la Ley Previsional 8.732, que es taxativo y no da lugar a interpretaciones. Es muy claro cuando dice que se podrá compensar el exceso de año de servicio con la falta de edad en la proporción de tres por uno, pero siempre hace referencia a la jubilación ordinaria común”.
“Emitimos esta resolución porque somos respetuosos de la ley y queremos cumplirla. Así como estamos realizando distintas auditorias para aclarar ciertos temas, la ley y la propia Constitución Provincial nos impone la correcta administración de la Caja de Jubilaciones y como presidente del organismo creemos que esto es lo correcto”, aseguró Scarione.
Explicó que “las jubilaciones ordinarias especiales determinan algunas cuestiones, como por ejemplo, que se puedan jubilar docentes con 25 años al frente de grado y 52 de edad o algunos empleados de salud con 45 años y 20 de servicio. Nosotros no cercenamos ningún derecho, están por ley y no los vamos a tocar, pero sí vemos que en los últimos cinco años del total de personas que se beneficiaron con jubilaciones especiales, el 40% en promedio (en el 2019 fue el 47%) se jubila con menor edad: 50, 43, 44”, publicó la agencia Apf.
Luego el presidente de la Caja de Jubilaciones remarcó: “No vamos contra ningún derecho, queremos hacer cumplir la ley en un sistema previsional que tratamos de cuidar, que tiene el 82% móvil y una serie de cuestiones ventajosas si se lo compara con el sistema de la Anses”.
“¿Por qué sacamos esta resolución? Porque la Constitución sabiamente protege a la Caja de Jubilaciones y le atribuye a sus autoridades la obligación de administrarla. A partir de la reforma constitucional de 2008 los beneficios se otorgan mediante resolución de la propia Caja y no a través de decretos”, agregó en declaraciones radiales.
“No estamos cercenando ningún derecho, no tenemos la potestad y menos la voluntad de quebrantar la ley”, concluyó.
