Mediante tres proyectos presentados este viernes en la Cámara Baja, el legislador de Gualeguaychú busca respuestas en el Gobierno provincial y en la propia obra social para que se conozcan los motivos de la crisis por la que atraviesa el organismo y que dejó sin cobertura médica a más de 300.000 afiliados.
Al gobernador Bordet, como responsable de la administración de la provincia, se le requiere que informe sobre la situación económica, financiera y prestacional del Iosper, cuáles han sido los gastos operativos, si se efectivizó el aumento de los aportes patronales retroactivo a marzo de 2017 y qué medidas adoptó como titular del gobierno en la controversia entre la obra social y la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), que derivó en la suspensión de las prestaciones.
De acuerdo al artículo 175 inc. 20 de la Constitución de Entre Ríos, le corresponde al gobernador “tomar las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público, por todos los medios que no estén expresamente prohibidos por esta Constitución y leyes”.
En ese sentido, las irregularidades en el funcionamiento de la obra social “se traducen en una gravísima afectación de derechos esenciales, tales como el derecho a la vida y a la salud, reconocidos, además, en numerosos Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional”, explicó Mattiauda en los fundamentos del proyecto.
Otro pedido de informes está dirigido al directorio del Iosper con requerimientos similares al elevado al Ejecutivo, además de solicitar detalle de los gastos operativos mensuales y cantidad de empleados y el personal que ingresó desde 2016 independientemente la modalidad de contratación.
También pide que expliquen si las prestaciones se brindan en tiempo y forma (motivos de suspensión en el caso que así sea) y si la Comisión Fiscalizadora ha efectuado control durante los últimos dos períodos anuales (2019-2020) en el cumplimiento de los convenios y sobre las auditorías, entre otros puntos.
Pedido de auditoría
Por otra parte, Mattiauda presentó un proyecto mediante el cual solicita al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos que realice una auditoría en la obra social “a los fines de que se dictamine en general, sobre los aspectos administrativo, contable, económico, financiero, informático y prestacional del mencionado ente”, entre enero de 2019 y diciembre de 2020.
En este sentido, el legislador del PRO, integrante del interbloque Cambiemos, pide que se dictamine especialmente sobre ejecución presupuestaria, aportes patronales recibidos, juicios y su cuantificación económica, evolución de los estados contables, entre otros puntos.
“La competencia del Tribunal de Cuentas para poder auditar al Iosper se encuentra legitimada por la Ley 5.796, ya que el funcionamiento de la obra social depende del presupuesto provincial como ente autárquico y por tal motivo el organismo de control puede pronunciarse sobre la Cuenta General e intervenir en esta instancia”, remarcó Mattiauda en los fundamentos.
Fuente: Apf
