La actual conducción de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) descubrió un sistema paralelo de alertas mediante el cual se realizó el seguimiento ilegal de ingresos y egresos del país de más de 58 mil personalidades de diferentes ámbitos (en especial de políticos y periodistas), sin ningún tipo de requerimiento judicial, en violación de las leyes vigentes.
Los hechos están plasmados en la denuncia presentada por la actual titular de la DNM, Florencia Carignano, el 22 de octubre pasado, en donde se expone que en los registros oficiales fueron hallados seguimientos irregulares.
El diario Ámbito Financiero accedió a la presentación judicial en donde se indica que en la órbita de la DNM funciona el módulo “SICaM HALCON”, que posibilita la obtención de información del Registro Nacional de Ingresos y Egresos en tiempo real y mediante alertas específicas.
Aunque se aclara que “únicamente podrán ingresarse alertas a requerimiento del Poder Judicial, del Ministerio Público, o autoridad administrativa competente, en el marco de sus investigaciones, o en ejercicio de sus competencias debidamente justificadas; y a requerimiento de parte legitimada, en el marco de acuerdos internacionales de cooperación, adecuados a la legislación vigente”.
Pese a la claridad de la norma vigente, cuando la Dirección General de Información, Análisis y Control Migratorio relevó lo actuado durante el gobierno de Mauricio Macri descubrió que “se habrían cargado ‘alertas’ en el módulo ‘SICaM HALCON’ relativas a diferentes personalidades del ámbito artístico, periodístico, político y gremial, que podrían haber implicado una desviación del fin público perseguido por la normativa habilitante sin motivo que lo justifique”.
Pasando en limpio, la denuncia agrega que “diversas cargas históricas efectuadas no contarían con respaldo judicial o administrativo alguno, en tanto otras no se correspondían a una instrucción específica por parte de la autoridad administrativa o judicial interviniente”.
En la denuncia se indica que las alertas tenían cargadas una directiva específica, que era avisar el tránsito a determinados funcionarios, “circunstancia que constituiría un serio indicio de la puesta en funcionamiento de un esquema para la realización de inteligencia prohibida, tras recolectar información de manera indebida en base a los registros migratorios”.
El escrito aclara que si bien en varios casos se contaba con orden judicial de restricción, la Disposición DNM N° 1151 del 22 de junio de 2010, establece “la obligatoriedad de utilización como única base de datos habilitada para la carga, consulta y baja de impedimentos y restricciones migratorias , a la del Registro Nacional de Aptitud Migratoria; por lo tanto, resultaba improcedente la carga simultánea en el sistema Halcón, cuya finalidad difiere de lo requerido en las órdenes judiciales de restricción”.
Además, se considera que dependiendo de quien haya accedido a la mencionada información y de haberse difundido, “se habría producido una grave afectación a la privacidad de las personas cargadas en las ‘alertas’ mencionadas y a la información que administra la Dirección Nacional de Migraciones, que, pese a ser un bien intangible, posee un importante valor”.
Para la sorpresa de los actuales funcionarios de Migraciones, la maniobra de eliminación de las alertas antes de que asuma la actual gestión, “podría considerarse un intento de ocultamiento de los rastros de la mencionada actividad ilícita, que configuraría delitos previstos tanto en el Código Penal, como en la Ley Nacional de Inteligencia N°25.520”.
Según la presentación judicial los hechos que aquí se denuncian encuadrarían “prima facie” en el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y espionaje ilegal, previsto en el artículo 43 ter de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, ambos en concurso ideal, y eventualmente, revelación ilegítima de información, en concurso real. “Todo ello, sin perjuicio de otras calificaciones que pudieran surgir con el curso de la investigación”, señala la denuncia.
El espionaje ilegal en Entre Ríos
El espionaje ilegal desplegado por el macrismo desde la Dirección Nacional de Migraciones -que dependía directamente del exministro del Interior Rogelio Frigerio- fue utilizado de manera discrecional por el macrismo también contras sus adversarios políticos en Entre Ríos, donde el exministro tenía y tiene claros intereses políticos personales.
El mecanismo denunciado, que se repite en varios casos, tiene un formato similar: primero recolectar los movimientos migratorios de una persona, y luego sembrar una operación mediática para desacreditarla.
Según los medios nacionales que se hicieron eco de la denuncia judicial, eso fue lo que le ocurrió al entonces intendente de la ciudad de Concordia por el Frente de Todos, Enrique Cresto, quien en el 2019 buscaba su reelección.
Esa información, obtenida por Migraciones de manera ilegal, habría sido suministrada a algunos medios de prensa locales que una semana antes de las elecciones presidenciales de 2019, divulgaron los 12 viajes al exterior que Cresto había realizado entre 2016 y 2019.
Fuente: Noticiauno
