A través de su vocera Gabriela Cerutti, Alberto Fernández envió un respaldo explícito a los proyectos de ley destinados a blanquear dólares no declarados y usarlos para pagarle al FMI, pero los senadores más cercanos a la Rosada no lo firmaron y evalúan pedir modificaciones. Pedirían un plazo para traer el dinero y elementos precisos para investigar a los evasores.
Quien está a cargo de esa tarea es el entrerriano Edgardo Kueider, uno de los que tiene el teléfono abierto del presidente y presionó para aprobar el acuerdo con el FMI.
Kueider se negó este miércoles a firmar los proyectos del quintento kirchnerista (José Mayans, Juliana Di Tullio, Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti y Martín Doñate), al que sí adhirieron otros 22 miembros del Frente de Todos.
Son 35 y entre el resto de los ausentes estuvieron los correntinos Carlos Espínola y Guillermo Snopek, quienes como Kueider participaron del plenario de comisiones de este miércoles en el Senado que reescribió la ley de la Magistratura. Les ofrecieron firmar el proyecto y no quisieron.
Kueider lideraría el grupo de rebeldes y prepara algunas sugerencia para modificar el texto, que podría comenzar a discutirse el martes próximo en las comisiones de presupuesto y legislación general.
"Está muy bien tratar de cobrar", pero cuando hay incumplimiento "se puede aplicar la ley penal tributaria vigente y eso tiene que quedar claro. No deja de ser un blanqueo que se presentó de otra manera", señalaron.
El entrerriano pediría ante todo que haya un plazo preciso de principio y fin del blanqueo, que en los proyectos incluye a poseedores de hasta 350 mil millones de dólares en bienes en el exterior que no están declarados.
El proyecto permite blanquear con una multa el 20% o el 35% transcurridos 6 meses de la promulgación de la ley.
En la Rosada creen que hay que "está muy bien tratar de cobrar", pero cuando hay incumplimiento "se puede aplicar la ley penal tributaria vigente y eso tiene que quedar claro. No deja de ser un blanqueo que se presentó de otra manera", señalaron.
Otra duda es sobre "el proceso de investigación" que se llevará a cabo para dar con los infractores, que en los proyectos no está claro. Se encomienda a la AFIP y la UIF apelar a los tratados internacionales de cooperación firmados para actuar y se libera el secreto fiscal para presionar.
Por ahora no hay objeciones a otros aspectos polémicos de los proyectos, como las atribuciones que sumará la bicameral de control de deuda para supervisar las emisiones del Poder Ejecutivo y participar de una futura negociación con el FMI.
En el oficialismo aún no tiene una hoja de ruta para que la ley llegue al recinto, pero no descartan que apurarla para este mes. Una de las contrapropuestas de Juntos sería retomar la ley de extinción de dominio, para recuperar bienes por corrupción, aprobada en el Senado en 2018 y cajoneada en Diputados, porque tampoco la querían en la UCR. Por ahora, la promueven en el PRO.
El partido que preside Patricia Bullrich quiere además que la ley se restrinja a delitos tributarios y el resto queden excluidos del blanqueo, por tratarse de dinero mal habido. En el Gobierno creen que está saldado ese punto porque se excluye a los mismos que quedaron afuera del blanqueo de la construcción, una ley sancionada el año pasado.
Fuente: LPO
