En medio de un clima de tensión en la relación del Gobierno nacional con los gobernadores, a raíz del conflicto particularmente con Chubut, y tras un fin de semana de escalada de confrontación por parte del presidente Javier Milei contra Ignacio “Nacho” Torres, la oposición no K del Senado le pidió a Victoria Villarruel que convoque a una sesión especial para el tratamiento del DNU 70/23 de desregulación de la economía.
El pedido fue encabezado por el correntino Carlos “Camau” Espínola, jefe del bloque Unidad Federal, junto a sus compañeros Edgardo Kueider, de Entre Ríos, y Alejandra Vigo, de Córdoba. Entre los firmantes se sumó además un radical, el fueguino Pablo Blanco.
Suscribieron también la solicitud senadores que responden directamente a sus gobernadores: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia Misionero; José María Carambia y Natalia Gadano, del bloque Por Santa Cruz; y Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro.
“Nos dirigimos a usted a fines de solicitarle tenga a bien, según lo establecido en los artículos 19 y 20 del Reglamento del Honorable Senado, en virtud de su facultad, convocar a una sesión especial para dar tratamiento al Mensaje 1/24 Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/23”, pidieron este lunes a la vicepresidenta, sin especificar un día y horario particular.
A cuatro días del comienzo del período ordinario, la solicitud es una clara demostración de que Villarruel no podrá estirar más el debate del mega DNU, algo que rechazó concederle a Unión por la Patria en tres oportunidades. La bancada que conduce José Mayans reclamó por una sesión para el 1, el 15 y el 23 de febrero, pero la vicepresidenta no se las concedió. Esto le valió fuertes críticas en la sesión preparatoria y hasta una denuncia penal.
Con 33 miembros, UP está a tan solo cuatro votos para rechazar el DNU en el recinto, y confía en encontrar en los bloques federales las adhesiones que le faltan. Dentro de los firmantes del pedido de este lunes, hay algunos senadores que estarían dispuestos a votar en contra del decreto.
La semana pasada, entre cruces y acusaciones, quedó conformada la Bicameral de Trámite Legislativo, encargada del análisis de los decretos del Ejecutivo y donde el oficialismo quiere discutir más de un centenar que quedaron pendientes de gestiones anteriores.
Sin embargo, desde la oposición insisten que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 26.122, desde el 19 de enero pasado están vencidos los plazos de tratamiento del DNU en la comisión, y ya se puede directamente discutir “de oficio” en el recinto, es decir, sin que haya dictamen de la comisión.
El mega DNU 70/23 de Milei, que significó el primer paquete de medidas del Gobierno, estableció la derogación de la Ley de Alquileres, la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, la liberación de los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital, entre muchísimos otros puntos.
A partir de distintas cautelares presentadas, la Justicia suspendió el capítulo de la reforma laboral, los cambios en la Ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y la posibilidad de que los clubes de fútbol -si así lo quisieran- se transformen en sociedades anónimas. La Justicia de La Plata había hecho también lugar a una cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras, pero posteriormente el juez federal Alberto Recondo la dejó sin efecto.
A diferencia de la ambiciosa ley ómnibus, que se cayó en la Cámara de Diputados, gran parte del DNU 70/23 se encuentra vigente. Por ejemplo, este mismo lunes el ENACOM habilitó a las empresas tecnológicas Starlink -de Elon Musk-, Amazon y OneWeb a operar en el país y ofrecer el servicio de internet vía satélite.
Fuente: Parlamentario
