El Gobierno apunta a sacarlo junto con el Presupuesto 2026. La Cámara de Comercio sumó presión al Congreso para que lo trate tras meses de demora.
Confiado en que el Congreso le será más favorable a partir del 10 de diciembre, el gobierno de Javier Milei vuelve a la carga con el proyecto de "inocencia fiscal" que busca atraer a la economía formal los dólares que los argentinos tienen "bajo el colchón", con la intención de que se convierta en ley antes de fin de año.
Luego del triunfo en las elecciones, Milei decidió convocar a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 10 y el 31 de diciembre, cuando La Libertad Avanza aumentará su representación en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Fuentes parlamentarias del oficialismo señalaron a iProfesional que aún se desconoce cuándo saldrá el decreto que convoca a las sesiones, pero confirmaron que el Gobierno quiere dedicar diciembre al tratamiento del Presupuesto 2026 (como máxima prioridad) y del proyecto de "inocencia fiscal", que está trabado desde junio.
La idea es que ambas iniciativas se aprueben en Diputados antes del 20 de diciembre para que el Senado llegue a tratarlas antes del 31. Las reformas laboral y tributaria quedarían para un nuevo llamado a extraordinarias en febrero. Al menos, esa es la hoja de ruta que tienen hasta ahora en LLA.
El proyecto constituye el paso clave del llamado "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos" que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del ARCA, Juan Pazo, anunciaron con tono triunfal en la primera mitad del año.
A fines de mayo el Gobierno eliminó regímenes de información y elevó límites establecidos para las operaciones, todo con la intención de que se vuelquen a la economía los dólares no declarados. Pero el proyecto de ley es el que terminaría de darle seguridad jurídica a los ahorristas y un "blindaje" para evitar ser investigados o sancionados en el futuro.
Sin embargo, la iniciativa quedó trabada entre las pulseadas que libró el oficialismo -y perdió- con la oposición desde mayo hasta las elecciones. Hace dos semanas, Pazo concurrió a la Comisión de Presupuesto de Diputados y dedicó toda su exposición a defender este proyecto, más que la "ley de leyes". El Gobierno quiere sacarlo de una vez por todas.
Ocurre que para la Casa Rosada si al menos parte de esos dólares sin declarar ayudarían a reactivar la economía interna si se destinaran a gastos o inversiones. Lo mismo piensan entidades como la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Ambos calculan que podrían entrar en el sistema formal entre u$s16.000 y u$s25.000 millones.
Esta semana el presidente de la CAC, Mario Grinman, reclamó que el Congreso retome la discusión sobre el "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros" y se refirió "al famoso canuto bajo el colchón que muchos argentinos tenemos, en mayor o menor medida, y que representa una enorme cantidad de dinero".
Tras señalar que un informe del Indec estimó que esa suma ascendería a u$s248.000 millones, Grinman sostuvo en declaraciones radiales que "ya debería haberse implementado alguna herramienta que permitiera movilizar aunque sea el 10% de ese dinero", es decir, unos u$s25.000 millones.
"El Congreso tiene que encontrar una herramienta que permita que ese dinero vuelva al consumo, que la gente pueda comprarse un auto, un departamento, una bicicleta, una moto o un televisor sin que nadie le pregunte el origen de esos fondos", sostuvo, al tiempo que criticó a los legisladores por haber ocupado de "cuestiones menores", según dijo.
Si bien el Ministerio de Economía evitó siempre las estimaciones sobre cuántos de esos dólares podrían volcarse al circuito formal, el último informe sobre el tema del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC) -que data de junio- calculó que "en un escenario realista se puede proyectar el ingreso de u$s16.000 millones al mercado oficial".
¿El qué consiste el proyecto de "inocencia fiscal"?
Los cuestionamientos de la CAC al Congreso por la demora en aprobar la ley de "blindaje" para los ahorristas van en línea con la decisión del Gobierno de aprovechar el envión del triunfo electoral para volver a la carga en diciembre con el tema.
El proyecto modifica el monto considerado como delito en el Régimen Penal Tributario y lo eleva de $1,5 millones a $100 millones. La "evasión agravada", en tanto, pasará de $15 a $1.000 millones. Las penas (que van de los 2 a los 9 años de prisión) se mantienen.
También modifica los plazos de prescripción en materia tributaria al establecer la posibilidad de reducirlo a tres años en aquellos casos en que la declaración jurada haya sido presentada en término y no se verifiquen diferencias significativas, y establece que su aplicación "debe ser uniforme en todo el territorio nacional" y no según cada provincia.
Además, el proyecto tiene otra pata, que es el establecimiento de un nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, para que quiens adhieran paguen "solo por la facturación, independientemente de su situación patrimonial", según explicó oportunamente el titular de ARCA.
El nuevo régimen para Ganancias es una opción voluntaria y simplificada para declarar y pagar el tributo. Pueden adherir los contribuyentes que al 31 de diciembre del año anterior a ejercer la opción y durante los dos años fiscales anteriores cumplan determinadas condiciones.
La primera es que obtengan rentas exclusivamente de una fuente argentina. La otra condición es que tengan ingresos totales de hasta $1.000 millones (monto actualizable); un patrimonio total de hasta $10.000 millones (también actualizable) y no sean considerados grandes contribuyentes nacionales.
Antes de que el proyecto quedara trabado en el Congreso y subsimido en la pelea electoral, el Gobierno había logrado que 17 gobernadores firmaran la adhesión de su provincia a este Régimen Simplificado de Ganancias. La gestión la llevaron a cabo el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el exministro del Interior, Lisandro Catalán.
La firma de esos mandatarios se entendió como un indicio de que sus diputados y senadores apoyarán el proyecto de inocencia fiscal en el Congreso. Ahora, los encargados de velar porque esto se cumpla son Manuel Adorni y Diego Santilli, nuevos jefe de Gabinete y ministro del Interior.
Tras esos cambios en el Gabinete y el triunfo electoral, en el gobierno de Javier Milei hay optimismo para las sesiones extraordinarias de diciembre. Mientras se enfocan en lograr los acuerdos para aprobar el Presupuesto 2026, creen que la iniciativa de "inocencia fiscal" para sacar los dólares "del colchón" no encontrará mayores inconvenientes.
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