“Son preguntas que nos hacemos todos los vecinos. Nosotros no somos jueces; nuestro rol es controlar al Ejecutivo. Esperamos que nos respondan en forma concreta y en el lapso de los 90 días que establece la Ley 10.027, o tendremos que accionar judicialmente”, dijo a El Entre Ríos el concejal Hermes Roy Liberman.
“El uso de bienes del Estado municipal para fines particulares podría configurar, una violación a los principios de legalidad, y transparencia, y eventualmente encuadrar en figuras penales, conforme lo establecido en el Código Penal y la normativa vigente en materia de administración pública”, señala el escrito.
“Resulta indispensable determinar si existió autorización administrativa expresa, resolución, decreto o acto formal que habilitara dicho viaje, el uso del vehículo oficial fuera del país, y el traslado de personas ajenas a la función pública. El vehículo involucrado sufrió un siniestro vial, con posibles consecuencias patrimoniales para el municipio, lo cual exige conocer el régimen de seguros, responsabilidades asumidas y eventuales costos afrontados o a afrontar por el erario público”.
Los concejales piden conocer “si existió acto administrativo formal que autorizara el viaje del intendente a Brasil, indicando fecha, número y fundamento del mismo. Si contemplaba expresamente el uso de un vehículo oficial con sus características, si autorizaba el traslado de familiares y por qué motivo tenía previsto continuar haciendo uso del mismo en el periodo destinado al descanso familiar”.
Sobre el seguro, preguntan entre otras cosas si estaba vigente y “si cubre siniestros ocurridos en el extranjero y con ocupantes no vinculados a la función pública”.