El abogado de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y exintendente de esa ciudad expresó su rechazo a la iniciativa del Poder Ejecutivo provincial que pretende reabrir las exportaciones de madera desde Entre Ríos hacia Uruguay, derogando la ley sancionada en 2007 en pleno conflicto por la instalación de la papelera Botnia en la margen oriental del río del mismo nombre.
Leissa afirmó que la iniciativa del gobernador Gustavo Bordet “significa desconocer un conflicto que ya lleva más de 13 años, poner en tela de juicio lo que se ha logrado en materia medioambiental”.
Por lo tanto “esto debe generar alerta y preocupación para que el Gobernador escuche otras voces que tengan que ver con un compromiso cierto respecto a los daños efectivos que genera este tipo de empresas”.
Y fue más allá al señalar que “de modificarse la Ley de la Madera sería en beneficio de las empresas de pasta de celulosa específicamente, ya que el resto de las actividades vinculadas a la madera no están prohibidas por la ley; se trataría de una ley con nombre y apellido que beneficiaría a una empresa que ya fue declarada ilegal, porque no es como dice el gobernador que el tema ya está saldado en la Corte Internacional de Justicia, porque el fallo lo que establece -nada más ni nada menos- es que se trata de una empresa ilegal. Entonces lo que ocurriría con la modificación es beneficiar de manera indirecta, con la comercialización, a una empresa que ha sido declarada ilegal”, sentenció.
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Asimismo, Leissa recordó que “en el propio fallo de la Corte Internacional (de La Haya) se determinó que esto no era ya un tema juzgado, ya que Botnia no podía ser responsabilizada porque no había elementos que establecieran que la producción de la empresa era la que contaminaba el río. Por eso el tema debe ser analizado detenidamente, en un contexto mucho más serio y reflexivo, ya que no se trata de un tema meramente económico sino que involucra a la salud de la población de Gualeguaychú como variable de ajuste ante la apetencia de Botnia, priorizando intereses puramente económicos por sobre cuestiones fundamentales”.
El abogado de la Asamblea Ambiental consideró además que cuando el gobernador Bordet planteó que era una incoherencia respaldar la exportación de citrus e impedir la de eucaliptos (esta última prohibida por la ley que se pretende derogar) “no ha hecho una apreciación adecuada y ha sido de manera ligera”.
Porque “no es lo mismo cultivar eucaliptos que cultivar mandarinas y después exportarlas, porque no estamos hablando de la misma producción ni del mismo destino”.
Bordet “minimizó el impacto que genera la actividad papelera, sabiendo el daño que genera al ambiente una producción de ese tipo. La producción de pasta de celulosa está reconocida a nivel mundial como una de las más contaminantes”, cuestionó.
Leissa exhortó al mandatario a “establecer un modelo donde el factor económico no sea el único a tomar en cuenta sino que se considere también el impacto que esto genera sobre el medio ambiente”.
En el momento de brindar estas declaraciones a una radio de la costa del Uruguay, Leissa dijo que se encontraba “en Concepción del Uruguay (en la justicia federal) y el propio Cuerpo Forense de la Corte Suprema de Justicia ha ratificado la presencia de sulfídrico en el espectro contaminante de Botnia-UPM y el efecto nocivo que esto genera”.
“El Gobernador (Bordet) omite evaluar elementos en este sentido”, finalizó.
Fuente: Noticiauno