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27/08/2019

Corrupción de Cambiemos a juicio: rechazaron el pedido de sobreseimiento para Susevich

El funcionario macrista y recaudador de Cambiemos en Entre Ríos, tuvo un nuevo revés judicial. La jueza Elisa Zilli rechazó el pedido de sobreseimiento que presentó el abogado y exfuncionario radical, Sergio Avero. La jueza habilitó que avance la elevación a juicio contra Susevich.

 

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El cajero de Cambiemos en Entre Ríos, Enrique Susevich, un funcionario público nacional -dirige la oficina de Anses en Paraná-, está a punto de ir a juicio penal por “malversación de fondos públicos” tras una investigación del Ministerio Público Fiscal, a cargo del Procurador General, Jorge García, que llevan adelante los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo.

 

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La causa se inició de oficio por la Justicia entrerriana luego de una investigación periodística publicada por NOTICIAUNO que daba cuenta del desvío de fondos públicos otorgados por el gobierno provincial a la alianza Cambiemos en 2015 y cuyo responsable financiero –cajero- era precisamente Enrique Susevich, un hombre cercano al diputado nacional y excandidato a gobernador, Atilio Benedetti.

 

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Susevich gastó la mitad de dos subsidios –que a valor actualizado por dólar equivalen hoy a unos 10 millones de pesos- en destinos no habilitados por los decretos provinciales. Es decir, malversó fondos públicos que solo debían destinarse a impresión de boletas y los utilizó para otros fines.

Como contó NOTICIAUNO, el cajero macrista fue condenado en un juicio administrativo por el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, que se expidió de manera tardía y luego de la exposición pública que tomo el caso tras la publicación de este medio y luego de que se inicie la investigación judicial.

 

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La semana pasada los fiscales Malvasio y Brugo solicitaron la elevación a juicio de la causa contra Susevich y solicitaron la pena de 3 años de prisión efectiva para el funcionario de Cambiemos.

Tras ello, la defensa del imputado, a cargo del abogado Sergio Avero, un militante de la UCR que supo ostentar el cargo de Fiscal de Estado en el último gobierno del caudillo radical, Sergio Montiel, solicitó el sobreseimiento de su defendido.

En una audiencia realizada este martes al mediodía, Avero intentó justificar con argumentos rebuscados y sin sustento suficiente que Susevich evite el juicio penal en su contra, no lo logró.

 

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El abogado defensor planteó recursos de excepción por falta de jurisdicción y de acción. Se basa en que de modo paralelo el Tribunal de Cuentas condenó a Susevich y la instancia administrativa continúa abierta, incluso plan de pagos mediante para que devuelva el dinero malversado.

Entre los argumentos, Avero se tomó su tiempo para hacer política, frente a la jueza y los periodistas presentes en la Sala de Audiencias Nº 2, intentó generar la sospecha de una motivación política del caso en medio de las elecciones PASO que se realizaron en la provincia y hasta insinuó una cierta permisividad a la “picardía” para perseguir a la “transparencia” de Cambiemos.

 

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Por su parte, los fiscales rechazaron el planteo de Avero y señalaron que se está ante un delito de fraude al Estado y que es jurisdicción del Ministerio Público Fiscal investigar. El fiscal Brugo calificó a Susevich como un “administrador infiel” que desvió los fondos que el Estado había otorgado para gastos en impresión de boletas.

A su tiempo, el fiscal Malvasio le respondió a Avero que la investigación no tiene motivaciones “políticas” y aclaró que el caso comenzó a investigarse en marzo de este año tras una publicación del sitio NOTICIAUNO.

Finalmente, la jueza Zilli rechazó -sin mediar cuarto intermedio- los planteos de la defensa y solicitó a la OGA que fije fecha de audiencias para realizar la elevación a juicio. "Voy a rechazar lo planteado por la defensa. La idea de que este proceso no puede llevarse a cabo por no haberse resuelto la cuestión administrativa y aún está pendiente un plan de pagos, no es válida ya que no inciden en nada que tenga que ver con esta audiencia penal, donde se está investigando si hubo acciones ilícitas", publicó Análisis. En esa línea, citó -en sintonía con los fiscales- el caso Alanís: “Los procesos administrativos pueden continuar sin que se afecten las garantías constitucionales”, fustigó.

 

 

Fuente: Noticiauno

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