Al considerarlo “penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública”, los fiscales Brugo y Malvasio solicitaron, además de la prisión por 5 años y medio, “inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos”, y que ante el “peligro de fuga” del imputado, quien tiene otra causa en trámite, por enriquecimiento ilícito, se le impongan medidas de restricción de la libertad.