Contra lo que dispone un decreto provincial dictado en 2010, el organismo que dirige Sergio Granetto pretendió ejecutar a un particular una deuda por impuesto inmobiliario sobre inmuebles que son del propio Estado. Iniciaron un juicio, desistieron, lo perdieron, y ahora las costas y los honorarios (incluidos los del abogado de ATER) se pagarán con dinero de todos los contribuyentes. Por la falta de controles, la ATER sigue cobrando el impuesto indebido. Audio