El concejal Juan Enrique Ríos tomó la decisión de solicitar a la Justicia que investigue la probable comisión de diferentes delitos penales cometidos por el actual intendente de Paraná, Sergio Varisco.
Como contó NOTICIAUNO, el desmanejo por la contratación desmedida del intendente de Cambiemos -en pleno proceso electoral- da cuenta del incremento de casi un 60 % del costo de personal municipal en tan solo 5 meses, desde diciembre de 2018 hasta mayo de 2019. Acción que continúa tras la derrota electoral y pone en un estado de precariedad las finanzas públicas de la capital provincial.
Fuentes tribunalicias confirmaron a Noticiauno la apertura de una causa penal que tramita en la Fiscalía a cargo del Dr. Franco Bongiovani. El viernes en horas de la tarde el Fiscal ordenó la entrega del Libro de Decretos y no se descartan nuevas diligencias.
En la denuncia presentada el viernes al mediodía, Ríos argumenta que “cumpliendo con la obligación de denunciar el conocimiento sobre un delito en el ejercicio de mi función (Art. 235 CPPER) vengo a promover la apertura de una Investigación Penal Preparatoria (I.P.P.), relacionada con la posible comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD E INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO, tipificado por Art. 248 del Código Penal argentino, contra quien actualmente ocupa el cargo de Presidente Municipal de la Ciudad de Paraná y demás funcionarios responsables de los hechos que a continuación paso a exponer”:
"Que como concejal me siento en la obligación de efectuar la presente denuncia penal por los hechos que vienen aconteciendo en la Municipalidad de Paraná, y que han sido advertidos por sendos pedidos de informes y requerimientos para acceder a la información que debería ser pública, no solo para nosotros sino también para la ciudadanía paranaense.
Asimismo, esta denuncia se enmarca en un contexto especial, dado que el actual Presidente Municipal cuenta con otras imputaciones por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, y que son de público conocimiento. También resulta de público conocimiento que el intendente de la ciudad, según el auto de procesamiento dictado en fecha 18/08/2018 dictado por el Sr. Juez Federal Dr. Leandro Ríos, no se encuentra privado de la libertad exclusivamente porque el magistrado, en su momento, consideró que “(el intendente) se trata de un cargo unipersonal cuya privación de libertad podría generar una crisis institucional en los servicios de la ciudad”, cuestión que, de hecho, está ocurriendo, dada que la desidia y la falta de conducción política del Municipio se evidencia aún más luego de las pasadas elecciones del 9 de junio.
Durante el transcurso de este año y fines del año 2018, la Municipalidad de Paraná, ha seguido una política de contrataciones de agentes públicos y elevado la cantidad de personal en sumas altamente gravosas para el erario público, perjudicando así la capacidad económica y financiera del Municipio y comprometiendo los fondos de las futuras gestiones.
Estos empleos, si bien cuentan con autorización presupuestaria (Art. 11 de la Ordenanza presupuestaria), no cuentan con el respaldo económico financiero y por ende generan déficit en las cuentas municipales, generando un claro perjuicio a la administración pública municipal.
El Art. 248 de nuestra Constitución Provincial, reza en su primer párrafo que: “Esta Constitución declara que los recursos de los municipios y comunas son indispensables para el normal funcionamiento de los servicios públicos”.
Esta cuestión, encuentra un claro incumplimiento de parte de la conducción actual del Municipio de Paraná, en tanto la contratación de agentes en el periodo diciembre 18 / junio 19 ha prescindido de cualquier indicio de racionalidad del gasto y de las funciones que emplean los nuevos agentes del Estado.
Las acciones de contratación desmedida y sin funciones de nuevos agentes estatales, constituye una clara manifestación de irresponsabilidad política con consecuencias penales, en tanto mediante estas acciones se compromete la continuidad de la administración, y funciones a brindar por la administración pública, dado que impide la consecución de obras y prestación de servicios de manera dolosa".
Motivación de los actos administrativos
"Todo acto administrativo debe estar debidamente motivado, cuestión de la cual prescinden los sendos decretos emanados por el Ejecutivo municipal. La motivación es la declaración de las circunstancias de hecho y derecho que han inducido a la emisión del acto. El acto administrativo, ya sea que su emisión corresponda a una actividad reglada o discrecional, debe basarse en hechos ciertos, verdaderos y existentes al momento de emitirse; de lo contrario, estaría viciado por falta de causa o motivo. La causa o motivo constituye un elemento esencial del acto administrativo.
Es decir que cada uno de los actos descriptos, deberían poseer una consideración de los motivos por los cuales se contrata dicho personal, el lugar de trabajo, las funciones a cumplir y la repartición asignada. Por el contrario, la mayoría de estas carece de estas consideraciones, limitándose a designar, recategorizar u otorgar cargos sin un servicio que cumplir a la ciudadanía.
Lo mismo sucede con las jerarquizaciones, que no cuentan con fundamentación, ni en la antigüedad ni en los atributos particulares de las personas para ocupar los cargos que motivan la creación de los mismos. De esta manera, se incumple dolosamente el Art. 36 de nuestra Constitución Provincial, el cual prevé que “Todos los habitantes son admisibles en los empleos públicos provinciales, municipales y comunales o de otros organismos en los que tenga participación el Estado, sin más requisito que la idoneidad, sin perjuicio de las calidades especiales exigidas por esta Constitución.” El Presidente Municipal y sus funcionarios tienen el deber de expresar estos motivos, de fundar sus acciones de gobierno y rendir cuentas por los mismos. Por el contrario, estas designaciones se hacen de espaldas a la ciudadanía y a los organismos que deben velar por el control de estos actos de gobierno.
Estos actos administrativos deben ser públicos, transparentes y legibles para la ciudadanía les otorgó el mandato constitucional hasta el 10 de diciembre del presente año. Estos deberes están impuestos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, como también son recogidos por nuestra Constitución Provincial (conf. Art 5, Art 13, 36 y 37).
Debemos destacar, además, que estos hechos no solo perjudican a la ciudad de Paraná y al Municipio en sus arcas, sino también a los propios contratados, a los que se le genera una expectativa laboral con un empleo en su mayoría precario, supeditado a valoraciones políticas y con motivación evidentemente clientelar. De esta manera no se le brinda la dignidad que otorga un trabajo debidamente brindado y en consecuencia remunerado, sino que quedan al albur de la discrecionalidad del gobernante de turno".
ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO
"Esta administración del personal y sus respectivas liquidaciones desde diciembre 2015 a diciembre 2018, se puede decir que fue prudente en relación a la liquidación del personal, ya que en el primero de los periodos se liquidaron 5.673 agentes correspondiente a planta permanente y contratos de servicios, mientras que en el segundo fue de 5.754 agentes, teniendo en cuenta de decrecimiento vegetativo de la planta de personal permanente producto de las jubilaciones otorgadas en igual periodo.
Ahora bien, desde diciembre 2018 a mayo 2019 la planta de personal en todo concepto tuvo un salto abrupto e incesante, continuando en el mes en curso (junio de 2019).
Se puede considerar como válida la apreciación que el incremento en la planta de personal y la ubicación en estructuras escalafonarias incesantes en los últimos días obedecen, sin lugar a dudas, a una práctica política y no a una necesidad de eficiencia en las prestaciones municipales a la comunidad de nuestra ciudad.
De esta manera, se advierte una enorme variación entre las liquidaciones de diciembre a mayo del presente año, que no encuentra ninguna motivación racional a explicar por parte del ejecutivo municipal:
Liquidación diciembre 2018
Personal efectivo, contratos de servicios y horas cátedras = 5766 agentes por $ 159 millones
Contratos de obras = 541 contratos por $ 7,3millones
Total $ 166.3 millones
Liquidación mayo 2019
Planta permanente y contratos de servicios = 6053 agentes por $ 247 millones
Contratos de Obras = 801 contratos por $ 12,6 millones
Total = $259.6 millones
"Comparando el periodo Diciembre/18 ($166.3 millones) con Mayo/19 (259.6 millones) arroja un aumento del 56.10% en 5 meses sin tomar en cuenta ART por $13 millones.
Debe considerarse, además, que en el mes de junio los nuevos contratos de obras, los pases de contratos de obra a contratos de servicios y de contratos de servicios a planta permanente, las determinaciones de nuevas estructuras en las reparticiones y su cobertura con altas categorías ha continuado, no teniendo aún cifras definitivas por no haber cerrado el mes (aunque se conoce que, provisoriamente, el personal contratado al 12 de junio supera el número de 100 agentes más).
Si se tiene presente la capacidad de contratación que permite la Ordenanza de presupuesto 2019 aprobada oportunamente, en lo que refiere su Art. 11 de personal con autorización de más de 9000 cargos y se hace uso de la misma (la tendencia actual indica que así será), se superaría la autorización presupuestaria en gastos corrientes asignados a personal y llegando posiblemente a poner al municipio en la condición de solo pagar los sueldos y cargas sociales, quedando prácticamente desfinanciado.
Además se debe tener en cuenta que la información suministrada a las autoridades competentes en esta materia del gobierno provincial, obligatoria para todos los municipios de la provincia, arrojan un cierre provisorio con déficit para el año 2018 del Municipio de Paraná de $ 175 millones".
TIPO PENAL ATRIBUIDO
"El delito tipificado por el Art. 248 del C.P. posee tres supuestos distintos para la comisión del ilícito, constituyendo el primero de ellos el de dictar resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes nacionales o provinciales, perjudicando de esta manera a la administración pública".
Todos estos actos administrativos, reiteramos inmotivados, han sido dictados sin el sustento financiero o patrimonial necesario, de manera irresponsable y con clara intencionalidad electoral.
Las conductas descriptas, se dan de bruces con los principios de una buena administración y las directrices emanadas del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (previsto en la Ley 25.917), al cual nuestro municipio adhirió mediante el Art. 31 de la Ordenanza Nº 8726.
Todos estos decretos fueron emanados con consciencia de la ilegalidad de las medidas dispuestas, y del compromiso patrimonial y financiero que provocaban en las arcas municipales. Sin embargo, se decidió continuar hasta el día de la fecha con este accionar ilegítimo".
SOLICITAN MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR
"Atento a las circunstancias descriptas por la presente denuncia, solicitamos que una vez abierta la IPP, solicite ante el Juez de Garantías actuante MEDIDA DE NO INNOVAR, que impida, hasta el esclarecimiento de los hechos investigados, las nuevas contrataciones de personal en el Municipio, sea transitorio o permanente, y cambios en la estructura orgánica a meses de entregar el mando, impidiendo la jerarquización del personal sin asignar funciones y personal a cargo, o debido respaldo en partida presupuestaria, según los principios emanados por el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal vigente (actualizado por ley 27.428)".
SOLICITAN MEDIDAS DE PRUEBA
"1. Atendiendo a las circunstancias descriptas, se solicita se disponga el secuestro de libro de decretos obrante en Despacho de Presidencia Municipal, a efectos de constatar las contrataciones efectuadas durante el transcurso del año 2019.
2. Se libre oficio a Contaduría Municipal a fines que informe la progresión de las contrataciones de personal durante el periodo diciembre de 2018 / junio de 2019, acompañando copia de los decretos de las designaciones de los últimos meses, trámites que pasaron por dicho organismo, relacionadas a contrataciones de personal, aumentos de categoría, pases a planta permanente, designaciones en nuevos cargos y todo lo que pueda ser útil para el esclarecimiento de los hechos investigados.
3. A Tesorería Municipal. Para que informe también sobre los trámites que pasaron por dicho organismo, relacionadas a contrataciones de personal, aumentos de categoría, pases a planta permanente, designaciones en nuevos cargos y todo lo que pueda ser útil para el esclarecimiento de los hechos investigados.
4. Al Área de Recursos Humanos. Para que informe y remita copia de todos los decretos relacionados a contrataciones de personal, aumentos de categoría, pases a planta permanente, designaciones en nuevos cargos y todo lo que pueda ser útil para el esclarecimiento de los hechos investigados. Asimismo, para que informe si el personal designado y jerarquizado durante el periodo de diciembre de 2018 a junio de 2019 contaba con Manual de funciones y emisiones de cada cargo a cubrir.
5. Al Área de Liquidación de haberes, para que informe sobre las órdenes de pago y progresión durante los periodos de junio de 2018 a junio 2019".
PETITORIO:
"En virtud de lo expresado, solicitamos:
1.- Nos tenga por presentados, en el carácter invocado con legitimación activa para efectuar la presente denuncia en virtud del cargo que ocupamos.
2.- Tenga por presentada denuncia penal y por acompañada la prueba.
3.- Disponga la apertura de una Investigación Penal Preparatoria para la investigación de los delitos expuestos y la producción de las medidas probatorias solicitadas".
Fuente: Noticiauno
