Representadas por el abogado constitucionalista, exsenador provincial y exconvencional constituyente Juan Carlos Arralde, las reclamantes promovieron una acción de inconstitucionalidad contra el Estado Provincial y la CJPER, solicitando al tribunal que declare la invalidez constitucional del aporte solidario aplicado como descuento en sus jubilaciones y la devolución de las sumas retenidas desde agosto 2020 hasta su efectivo pago más los intereses, al que consideran como una “exacción ilegal, disfrazada por el Gobierno como una contribución solidaria para lograr la sustentabilidad del sistema pero que esconde un nuevo impuesto a las ganancias provincial que resulta confiscatorio y que infringe normas de la Constitución de Entre Ríos, además de la Constitución Nacional”.
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Según chequeó NOTICIAUNO, la demanda de inconstitucionalidad –que tiene un trámite diferente y más largo que una acción de amparo- se presentó ante el tribunal contencioso administrativo de la ciudad de la costa del Uruguay que preside la jueza María Fernanda Erramuspe –junto a los vocales Mariano López y Federico Lacava- y plantea violaciones al derecho a la igualdad y no discriminación, a la propiedad y al artículo 41 de la Constitución Provincial.
Arralde explicó a este medio que “la declaración de emergencia previsional no puede ser un mero artilugio para morigerar un déficit de la Caja de Jubilaciones que está lejos de ser un hecho imprevisible y nuevo. El sistema previsional viene haciendo agua desde hace muchos años atrás, de modo que el Gobierno no puede escudarse en la pandemia del COVID 19 para imponerle quitas salariales a los jubilados que ninguna responsabilidad tienen en la generación de ese déficit”.
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Para el abogado constitucionalista “la ley tiene muchas aristas cuestionables desde su constitucionalidad a pesar de los fallos que vienen sucediéndose y que sólo remiten a la doctrina de la emergencia de la Corte Suprema de la Nación acatándola sin miramientos”, dando a entender la idea que se procura desincentivar los reclamos judiciales de empleados activos y pasivos, señalando que “los jubilados, pensionados y retirados siempre constituyen el segmento más débil de la relación con el Estado y ningún esfuerzo extraordinario puede exigírsele cuando han accedido a la pasividad cumpliendo todos los requisitos de edad, aportes y servicios”, dijo a NOTICIAUNO.
“Ganar bien no puede jamás ser un castigo, representar un prejuicio de clase o un segmento privilegiado como aparecen en la Ley de Emergencia porque imponerles una carga adicional por cobrar más de $ 75.000 es una persecución ilegítima que genera en la sociedad la creencia de que esos jubilados son los responsables del déficit”, dijo Arralde y agregó: “es el Gobierno el que de alguna manera baja esa línea con esta ley”.
La demanda –que consta de 38 páginas y profusa cita de fallos judiciales nacionales e internacionales- espera ser notificada al gobierno provincial y a la Caja de Jubilaciones para obtener sentencia antes de fin de año, según los plazos del procedimiento.
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Fuente: NOTICIAUNO
