Este jueves, el juez Elvio Garzón rechazó el juicio abreviado con argumentos contundentes: “No cabe duda que el acuerdo realizado ha sido forzado para beneficiarlo a usted señor Allende”, dijo el magistrado, que además de presidir el tribunal de Juicio y Apelaciones es Coordinador del Superior Tribunal de Justicia para el estudio y la implementación de Juicio por Jurados en la provincia de Entre Ríos.
“El acuerdo presentado entre la acusación pública y la defensa particular, ofrece una férrea oposición por parte de las víctimas”, resaltó Garzón, en referencia al periodista y director del diario digital Noticiauno, Martín Carboni, y la ministra de Salud, Sonia Velázquez, quienes sufrieron coacciones por parte de Allende mientras era legislador provincial.
De la resolución del juez Garzón surge que el Ministerio Público Fiscal eligió una calificación legal que verdaderamente era “un traje a medida de Allende” y no un “logro social”, como denunció NOTICIAUNO cuando reveló el pacto de impunidad –hoy rechazado por segunda vez- gestado entre gallos y medianoche, a pocos meses de iniciada la pandemia.
Claramente Garzón analizó que si los fiscales hubieran encuadrado correctamente las amenazas contra la ministra Velázquez en la figura de “coacciones agravadas” (por ser la víctima una funcionaria pública), y no como “amenazas simples” (como lo hizo el fiscal Dato), “la pena que le correspondería (a Allende) rondaría los 5 años de prisión efectiva”, lo que torna inviable el mecanismo de juicio abreviado.
En ese marco, Garzón se refirió al segundo hecho que se le imputó a Allende que también se pretendió que formara parte de “combo” para beneficiar al sindicalista. Las amenazas perpetradas contra el periodista y director de NOTICIAUNO Martín Carboni.
A diferencia del caso Velázquez, las amenazas contra Carboni fueron correctamente encuadradas como delito de coacción (la amenaza fue dirigida contra el periodista “para que cesara en sus investigaciones periodísticas”, reiteró el juez Garzón).
Sin embargo, y en una nueva señal de advertencia hacia el Ministerio Público Fiscal, Garzón remarcó que del mismo modo que se encuadró el hecho contra Carboni, debió ser encuadrado el hecho contra la ministra Velázquez (además agravado por tratarse de una funcionaria pública) por encuadrar ambos en el delito de coacciones.
Ese diferente tratamiento hacia las víctimas (para Carboni coacciones, para Velázquez amenazas simples, cuando ambos fueron víctimas de coacciones) dejó al descubierto, además, la impronta MACHISTA del acuerdo de juicio abreviado que se intentaba.
Garzón dejó en evidencia a los fiscales, en particular al Fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Leandro Dato, que para lograr el juicio abreviado que le garantizara la libertad a Allende, decidió un encuadre jurídico “palmariamente” erróneo y haciendo caso omiso a las normas legales y convenciones que obligan a los funcionarios judiciales en este caso a sancionar los actos que impliquen violencia contra la mujer.
Sobre ese punto, el juez Elvio Garzón fue lapidario con el abogado Leopoldo Lambruschini, defensor del exdiputado José Allende, al afirmar que sus expresiones intentando “minimizar” las amenazas e insultos de su defendido Allende, eran “repugnantes”.
“Teniendo en cuenta el evidente contexto de violencia de género en el que sucedieron los hechos, en modo alguno los que impartimos justicia, funcionarios de los ministerios o los abogados podemos basarnos en la hermenéutica lingüística para rechazar cuestiones de extrema gravedad. Tenemos compromisos internacionales que respetar. Así lo entendió y se expidió la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en distintas sentencias”, argumentó Garzón.
Finalmente, y considerando que “no cabe duda que el acuerdo realizado ha sido forzado para beneficiar a Allende”, Garzón lo rechazó, remitiendo las causas contra Allende a la oficina de Gestión de Audiencias para que prosigan su curso camino a juicio oral y público.
Fuente: NOTICIAUNO
