El gobierno vacía la audiencia pública en favor de las petroleras

Está en marcha por parte del Gobierno nacional un operativo de vaciamiento de la audiencia pública del 16 de septiembre. A pesar de que el fallo de la Corte Suprema insiste en que el carácter no vinculante de la audiencia pública no implica que su contenido no deba ser tomado en cuenta para las decisiones que afectan los derechos elementales de los ciudadanos, sino que se plantea en tanto carácter mínimo, el Gobierno se ampara en él para vaciarla.

La información clave para que se debatan efectivamente "los supuestos fácticos y legales invocados como causa del aumento" no ha sido publicada: no se han presentado los estudios que acrediten los costos de extracción en los distintos yacimientos del país, el nivel de las reservas y con qué costos y a qué tipo de cambio fueron generadas; la parte de la tarifa que corresponde al transporte y la distribución de gas fue dejada para una audiencia posterior, a realizarse en octubre. Así evitan rendir cuentas sobre los subsidios millonarios que recibieron estas empresas. Un dato que lo dice todo: la audiencia es organizada por el interventor del Enargas, David Tezanos, quien hasta diciembre del año pasado presidió Metrogas, una de las concesionarias que más subsidios recibió.

Según sostiene el fallo de la Corte, la finalidad de la audiencia debe ser: "Confrontar de manera transparente y pública las distintas opiniones sobre las cuestiones puestas en consulta" para que las decisiones sean ratificadas o rectificadas. Para ello, es imprescindible conocer los verdaderos costos de producción, las reservas disponibles, las inversiones realizadas, el destino dado a los subsidios, que rondaron el medio billón de pesos y las ganancias empresariales. Sucede que ello permitiría a la población hacerse una idea adecuada del saqueo sufrido por la nación durante una década entera. El Gobierno que se queja de la "herencia recibida" ha decidido mantener en silencio esta información que podría comprometer al Gobierno anterior. Necesita justificar su propio tarifazo.

El Gobierno quiere ocultar que la previsibilidad que pretende garantizar con una audiencia vaciada es un aumento del gas a boca de pozo de un 200% en octubre del 2016, que será actualizado semestralmente en un 21% en dólares hasta fines del 2019. Un aumento por completo arbitrario y que representa un subsidio enorme y permanente de los consumidores a las petroleras, en tanto pagaremos por el gas a boca de pozo 6,89 dólares, cuando en Estados Unidos se paga por la misma unidad 2,50 dólares.

Otra cosa que quedaría demostrado en una audiencia pública que cuente con la información necesaria para ejercer la deliberación pública ciudadana es que los costos principales de extracción son en pesos. Ello demostraría que la dolarización de las tarifas tiene como único fundamento asegurar una renta internacional a las petroleras para fugar capitales. El ajuste permanente atado al dólar, además, no permite precisar el aumento, pues, en última instancia, dependerá del tipo de cambio.

El Gobierno, sus aliados políticos y la Corte Suprema, con su fallo respecto a la electricidad, actúan para vaciar la audiencia y salvar a las empresas. Son necesarias la apertura de los libros de las empresas, la realización de una auditoría independiente para determinar los costos de extracción, traslado y distribución, y la investigación del destino dado a los subsidios millonarios otorgados por el Estado.

El Partido Obrero presentará este programa en la Usina del Arte el próximo 16 de septiembre, tanto dentro de la audiencia como en la calle, movilizados.

 

El autor es dirigente nacional del Partido Obrero y del Frente de Izquierda.

@solanopo