El diputado provincial Esteban Vitor (Cambiemos) cuestionó en duros términos el “doble discurso del gobierno provincial” en el marco del llamado a Licitación para contratar el servicio de Agente Financiero. “Bordet y sus funcionarios tienen un doble discurso. Se hacen los kirchneristas con el presidente Alberto Fernández, pero acá en la provincia propician un negocio leonino con una empresa investigada por el propio gobierno nacional por fugar millones de dólares”, dijo.

El concejal Sergio Granetto, autor de la iniciativa, recordó que en el año 2015 los vecinos decidieron trece obras, “pero pese a contar con el dinero depositado en una cuenta bancaria, certificado por escribano público, no se concretaron”. El dinero “fue consumido en cientos de contratados durante la última campaña electoral y gastos corrientes”, dijo.

Un productor rural denunció el robo de animales que luego fueron encontrados en una estancia del senador Daniel Olano. “Tenían más de la mitad de las orejas cortadas para borrar la señal anterior, lo cual no puede desconocer que es un delito”, dijo el denunciante, que teme por su seguridad y la de su familia tras el hallazgo de armas de fuego y uniformes robados de la Policía.

Dirigentes de la Mesa de Enlace expresaron su descontento y preocupación por la medida anunciada por el presidente Fernández. “No nos gusta que el Estado intervenga en las empresas privadas del país, ha sido un sector de corrupción” aseveró el entrerriano Jorge Chemes, presidente de CRA.

Los diputados nacionales por Entre Ríos, Atilio Benedetti (Cambiemos) y Marcelo Casaretto (PJ), dieron el primer paso del debate político sobre el anuncio oficial de la intervención y luego expropiación de la cerealera Vicentín por parte del estado nacional.

El Presidente informó que la cerealera, actualmente en convocatoria de acreedores, será intervenida por 60 días para garantizar la continuidad de la empresa y la conservación de los 7000 puestos de trabajo. Enviará al Congreso un proyecto de ley para la expropiación, que declarará a la compañía de "utilidad pública".

El concejal Maximiliano Rodríguez Paulín (PRO) avaló una reunión social prohibida, en la que participaron jóvenes que llegaron de Buenos Aires y debían hacer cuarentena. “La infracción es la música alta para con los vecinos”, ironizó el edil.

El jefe de bloque de diputados de la UCR, Gustavo Cusinato, cuestionó el acuerdo de Juicio Abreviado acordado entre los fiscales y José Allende: “la corrupción no se abrevia”, dijo. Remarcó que “el Juez o Tribunal de Juicio no está obligado a homologar el acuerdo que suscribieron imputado y Fiscal”.

"De dar curso a este acuerdo, la Justicia entrerriana estaría dando un triste mensaje de impunidad hacia quienes fueron víctimas de sus delitos: la Ministra de Salud Sonia Velázquez, el periodista Martín Carboni y la sociedad entera", reza el comunicado enviado a NOTICIAUNO.

 

El legislador y exfuncionario de Macri apareció con un atuendo que contrastaba con la formalidad habitual de las reuniones de bloques de la cámara baja provincial. Cargadas de sus compañeros y el desconocimiento de la norma de educación que dice que “en sitio cubierto, hay que estar descubierto”. 

El gremio que nuclea a periodistas de toda la provincia alertó que “las denuncias por delitos contra la integridad de las personas no pueden ser tratadas como un ‘combo’”, en referencia a las amenazas de muerte proferidas por Allende hacia un periodista, y a la violencia de género ejercida por el jefe de UPCN contra la ministra de Salud. El acuerdo firmado por los fiscales “deja al descubierto un sistema misógino y machista, que no repara en las víctimas de la violencia”, advirtieron.

El miembro de la comisión directiva de UPCN, David Tórtul, denunció públicamente que fue coaccionado por José Allende, para que mintiera en contra de la ministra de Salud, en la causa de violencia de género. “Después de tanto castigo me hicieron perder el miedo y no tengo ningún problema en asumir las consecuencias y aclarar que yo mentí, di falso testimonio”, confesó Tórtul, según chequeó NOTICIAUNO.

La tristemente célebre frase corresponde a José Ángel Allende. Un fragmento que resume la comunicación telefónica de pocos segundos con el entonces vicedirector del hospital de Nogoyá. Luego le pidió disculpas y se las aceptaron; pero al tiempo atacó de nuevo, a una mujer, la ministra de Salud, Sonia Velázquez AUDIO

La dirigente del MST de Entre Ríos, Nadia Burgos, cuestionó en duros términos el acuerdo alcanzado entre el exdiputado José Allende y los fiscales, para pedirle a un juez que homologue un juicio abreviado que lo beneficia. “Este acuerdo consagra la impunidad de la casta política”, lanzó Burgos.

El frente político que integran la UCR, el PRO, el GEN y el Nuevo Espacio en Gualeguaychú, exigió "que la justicia no sea parte de la maniobra orquestada para perpetuar la impunidad", en las múltiples causas que involucran al exdiputado y titular de UPCN. "La sociedad entrerriana está harta de corruptos, apañados y conspiradores", denunciaron.