El ingeniero Carlos Cadoppi, fundador de Sociedad Rural de Ibicuy y pariente del exministro de Macri, catalogó a los defensores de Vicentin como parte de un sector que avaló “un Estado cómplice con la entrega y la desintegración nacional” durante el gobierno de Cambiemos.

Representantes de 25 organizaciones industriales, agropecuarias, comerciales y del turismo de Entre Ríos firmaron un documento de rechazo al proyecto de expropiación “en respeto y defensa de la propiedad privada”.

Tras la publicación de este medio, que dio cuenta del trabajo legislativo de los diputados provinciales en lo que va del año, el legislador de Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda, se quejó en la Cámara porque sus proyectos de ley no estaban cargados en la página oficial. El diputado figuraba sin proyectos presentados. Luego de la publicación de Noticiauno, se actualizaron los registros oficiales y Mattiauda aparece con 3 proyectos de ley de su autoría en 2020.

NOTICIAUNO chequeó que media decena de los diputados provinciales no presentó un solo proyecto de ley en 2020. Otro lote similar introdujo una sola iniciativa. En medio de la pandemia, algunos se ocuparon de pedir que se declare de interés una fiesta provincial o la necesidad de impartir la enseñanza de folclore en las escuelas.

El presidente del radicalismo entrerriano,  Leandro Arribalzaga, dijo que “el Gobierno provincial utiliza la pandemia como escudo, que pareciese un manto de invisibilidad, para no tratar la reforma del sistema jubilatorio, el agente financiero y los cambios a la Justicia”, entre otros.

El periodista y director de Noticiauno, Martín Carboni, dijo que el acuerdo de Juicio Abreviado firmado “entre gallos y medianoche y en medio de la pandemia, juega como una soterrada ley mordaza preventiva”. La Justicia “debe enviar a la sociedad el mensaje firme de que no habrá tolerancia para quienes incurran en violaciones al derecho a la libertad de expresión y que el ataque a un periodista constituye una agresión contra todo ciudadano con vocación de denunciar arbitrariedades y abusos, agravada por la impunidad de sus autores”, agregó. 

En una presentación formal, Velázquez -que fue víctima de numerosos actos de violencia y hostigamiento por parte del exdiputado- manifestó su “oposición” al acuerdo firmado por los fiscales y la defensa de Allende. Tras señalar que “invisibiliza la violencia de género”, remarca que “la acumulación de causas no responde a un acto de justicia para con las víctimas”, y advirtió que “desconocer dicha circunstancia constituye violencia institucional”.

Uno de los puntos del acuerdo que intentan lograr la Fiscal Cecilia Goyeneche y los defensores de José Ángel Allende, sugiere que el inmueble malhabido que le sería decomisado, quede como sede del organismo que maneja un sobrino del mandamás de UPCN. Es simbólicamente impactante que un bien de la corrupción tenga alguna chance de transformarse en “la casa” que selecciona jueces y fiscales.

El Comité Provincial del partido convocó a movilizarse contra “el intento intervencionista del Gobierno nacional”. “Nos oponemos a la intervención y a la expropiación de nuestras empresas”, manifestaron en un comunicado de prensa.

Concejales opositores alertaron que el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, pretende “donar un terreno” del exfrigorífico al centro “Jubilados de Pie”, que mantiene un alineamiento político explícito con el jefe comunal. Detallaron inconsistencias en el proyecto enviado al Concejo Deliberante. “No hay un solo elemento de peso para regalar lo que es de todos los vecinos”, denuncian.

El expiquetero rural y actual senador nacional del PRO, Alfredo De Ángeli, salió en defensa de la agroexportadora que les debe 1.200 millones a productores, cooperativas y empresas entrerrianas. Reavivó el fantasma de la resolución 125 e incentiva una nueva protesta agropecuaria en todo el país.

El Partido Socialista de Concepción del Uruguay presenta este miércoles el Centro de Estudios Municipales y Provinciales (CEMUPRO) de Entre Ríos, que tendrá su sede la Histórica.

Una vez más, queda al descubierto la inacción del Estado en casos de violencia contra una mujer. “Tiene que ir a la Policía y el 911 tiene que ponerse a trabajar”, fue la respuesta del Fiscal Dato ante el pedido de auxilio de la periodista amenazada. “Tienen que intervenir los Fiscales, nosotros no podemos actuar. Que Dato no pretenda que nosotros hagamos algo, si ni siquiera una restricción les ha dado”, fue la respuesta de la Policía que depende de la ministra Romero.

Se trata de Juan Carlos Albornoz, Director del Taller Antequeda, y su esposa, la exconcejal Verónica Martínez, a quienes la periodista Soraya Berutti denunció este sábado por amenazas de muerte. Contó a NOTICIAUNO detalles de episodios similares que se suceden desde 2011, protagonizados por la misma “patota”.

El abogado del legislador provincial del departamento Islas, Miguel Cullen, dijo que “se trató de una operatoria comercial común, una compra de 15 cabezas de ganado, de las cuales, aparentemente, el vendedor había falsificado la guía de compra”.