El ministro de Economía, Hugo Ballay, dio precisiones sobre los alcances del proyecto de ley de emergencia solidaria elevado por el Ejecutivo a la Legislatura. Explicó que de aprobarse el texto propuesto, los mayores recursos que se obtengan serán coparticipables a los municipios.

Exlegisladores de la UCR nucleados en la agrupación “Radicales por la Producción y el Trabajo” cuestionaron el proyecto de ley de Emergencia Solidaria enviado a la legislatura por Bordet y lo tildaron de “engaño”. El aporte extraordinario “no es para cambiar nada, sino para seguir con la fiesta”, criticaron.

La diputada nacional del Frente de Todos, Blanca Osuna, se refirió a la situación de la cerealera y al proyecto oficial que busca rescatar a cooperativas, pymes y trabajadores. Diferenció la empresa de los empresarios, pidió investigar lo ocurrido y señaló que el objetivo principal “es la defensa de la empresa, la producción, el trabajo y la mesa argentina”.

La iniciativa crea una contribución especial que deberán pagar las entidades financieras, bancarias, y los propietarios de grandes campos; equipara los impuestos que tributan las droguerías con los de Córdoba y Santa Fe, y propone un aumento progresivo de aportes jubilatorios de activos y pasivos en cabeza del 15 por ciento de empleados y jubilados de los tres poderes del Estado con los haberes más altos.

Legisladores nacionales respondieron a las organizaciones del campo y empresarias que expresaron su respaldo a Vicentin. Desmintieron que exista un proyecto de expropiación y les recordaron los programas de ayuda económica que implementa el gobierno nacional.

El diputado provincial Eduardo Solari celebró un fallo que obliga al Ministerio Público Fiscal (MPF) a brindar información pública al legislador tras un amparo presentado hace una semana. “Hemos dado un gran paso para que el MPF y la ministra de Gobierno Rosario Romero, dejen de acondicionar causas de acuerdo a las necesidades políticas del gobierno”, lanzó.

El juez Elvio Garzón, que entendió en el amparo presentado por el diputado Eduardo Solari y el abogado Rubén Pagliotto contra el jefe de los fiscales, tras la negativa a brindar información pormenorizada sobre causas de corrupción en trámite, condenó al Ministerio Público a suministrar la información solicitada en 48 horas, y le recordó que la obligación de informar es un deber legal y constitucional del Procurador General frente a cualquier ciudadano. La sentencia

El ingeniero Carlos Cadoppi, fundador de Sociedad Rural de Ibicuy y pariente del exministro de Macri, catalogó a los defensores de Vicentin como parte de un sector que avaló “un Estado cómplice con la entrega y la desintegración nacional” durante el gobierno de Cambiemos.

Representantes de 25 organizaciones industriales, agropecuarias, comerciales y del turismo de Entre Ríos firmaron un documento de rechazo al proyecto de expropiación “en respeto y defensa de la propiedad privada”.

Tras la publicación de este medio, que dio cuenta del trabajo legislativo de los diputados provinciales en lo que va del año, el legislador de Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda, se quejó en la Cámara porque sus proyectos de ley no estaban cargados en la página oficial. El diputado figuraba sin proyectos presentados. Luego de la publicación de Noticiauno, se actualizaron los registros oficiales y Mattiauda aparece con 3 proyectos de ley de su autoría en 2020.

NOTICIAUNO chequeó que media decena de los diputados provinciales no presentó un solo proyecto de ley en 2020. Otro lote similar introdujo una sola iniciativa. En medio de la pandemia, algunos se ocuparon de pedir que se declare de interés una fiesta provincial o la necesidad de impartir la enseñanza de folclore en las escuelas.

El presidente del radicalismo entrerriano,  Leandro Arribalzaga, dijo que “el Gobierno provincial utiliza la pandemia como escudo, que pareciese un manto de invisibilidad, para no tratar la reforma del sistema jubilatorio, el agente financiero y los cambios a la Justicia”, entre otros.

El periodista y director de Noticiauno, Martín Carboni, dijo que el acuerdo de Juicio Abreviado firmado “entre gallos y medianoche y en medio de la pandemia, juega como una soterrada ley mordaza preventiva”. La Justicia “debe enviar a la sociedad el mensaje firme de que no habrá tolerancia para quienes incurran en violaciones al derecho a la libertad de expresión y que el ataque a un periodista constituye una agresión contra todo ciudadano con vocación de denunciar arbitrariedades y abusos, agravada por la impunidad de sus autores”, agregó. 

En una presentación formal, Velázquez -que fue víctima de numerosos actos de violencia y hostigamiento por parte del exdiputado- manifestó su “oposición” al acuerdo firmado por los fiscales y la defensa de Allende. Tras señalar que “invisibiliza la violencia de género”, remarca que “la acumulación de causas no responde a un acto de justicia para con las víctimas”, y advirtió que “desconocer dicha circunstancia constituye violencia institucional”.

Uno de los puntos del acuerdo que intentan lograr la Fiscal Cecilia Goyeneche y los defensores de José Ángel Allende, sugiere que el inmueble malhabido que le sería decomisado, quede como sede del organismo que maneja un sobrino del mandamás de UPCN. Es simbólicamente impactante que un bien de la corrupción tenga alguna chance de transformarse en “la casa” que selecciona jueces y fiscales.