El Comité Provincial del partido convocó a movilizarse contra “el intento intervencionista del Gobierno nacional”. “Nos oponemos a la intervención y a la expropiación de nuestras empresas”, manifestaron en un comunicado de prensa.

Concejales opositores alertaron que el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, pretende “donar un terreno” del exfrigorífico al centro “Jubilados de Pie”, que mantiene un alineamiento político explícito con el jefe comunal. Detallaron inconsistencias en el proyecto enviado al Concejo Deliberante. “No hay un solo elemento de peso para regalar lo que es de todos los vecinos”, denuncian.

El expiquetero rural y actual senador nacional del PRO, Alfredo De Ángeli, salió en defensa de la agroexportadora que les debe 1.200 millones a productores, cooperativas y empresas entrerrianas. Reavivó el fantasma de la resolución 125 e incentiva una nueva protesta agropecuaria en todo el país.

El Partido Socialista de Concepción del Uruguay presenta este miércoles el Centro de Estudios Municipales y Provinciales (CEMUPRO) de Entre Ríos, que tendrá su sede la Histórica.

Una vez más, queda al descubierto la inacción del Estado en casos de violencia contra una mujer. “Tiene que ir a la Policía y el 911 tiene que ponerse a trabajar”, fue la respuesta del Fiscal Dato ante el pedido de auxilio de la periodista amenazada. “Tienen que intervenir los Fiscales, nosotros no podemos actuar. Que Dato no pretenda que nosotros hagamos algo, si ni siquiera una restricción les ha dado”, fue la respuesta de la Policía que depende de la ministra Romero.

Se trata de Juan Carlos Albornoz, Director del Taller Antequeda, y su esposa, la exconcejal Verónica Martínez, a quienes la periodista Soraya Berutti denunció este sábado por amenazas de muerte. Contó a NOTICIAUNO detalles de episodios similares que se suceden desde 2011, protagonizados por la misma “patota”.

El abogado del legislador provincial del departamento Islas, Miguel Cullen, dijo que “se trató de una operatoria comercial común, una compra de 15 cabezas de ganado, de las cuales, aparentemente, el vendedor había falsificado la guía de compra”.

Así lo dijo el fiscal de Villa Paranacito, Pablo Obaid, en relación a la investigación judicial por el delito de abigeato que involucra al senador provincial Daniel Olano (PJ) junto a otras personas de la zona.

El diputado provincial Esteban Vitor (Cambiemos) cuestionó en duros términos el “doble discurso del gobierno provincial” en el marco del llamado a Licitación para contratar el servicio de Agente Financiero. “Bordet y sus funcionarios tienen un doble discurso. Se hacen los kirchneristas con el presidente Alberto Fernández, pero acá en la provincia propician un negocio leonino con una empresa investigada por el propio gobierno nacional por fugar millones de dólares”, dijo.

El concejal Sergio Granetto, autor de la iniciativa, recordó que en el año 2015 los vecinos decidieron trece obras, “pero pese a contar con el dinero depositado en una cuenta bancaria, certificado por escribano público, no se concretaron”. El dinero “fue consumido en cientos de contratados durante la última campaña electoral y gastos corrientes”, dijo.

Un productor rural denunció el robo de animales que luego fueron encontrados en una estancia del senador Daniel Olano. “Tenían más de la mitad de las orejas cortadas para borrar la señal anterior, lo cual no puede desconocer que es un delito”, dijo el denunciante, que teme por su seguridad y la de su familia tras el hallazgo de armas de fuego y uniformes robados de la Policía.

Dirigentes de la Mesa de Enlace expresaron su descontento y preocupación por la medida anunciada por el presidente Fernández. “No nos gusta que el Estado intervenga en las empresas privadas del país, ha sido un sector de corrupción” aseveró el entrerriano Jorge Chemes, presidente de CRA.

Los diputados nacionales por Entre Ríos, Atilio Benedetti (Cambiemos) y Marcelo Casaretto (PJ), dieron el primer paso del debate político sobre el anuncio oficial de la intervención y luego expropiación de la cerealera Vicentín por parte del estado nacional.

El Presidente informó que la cerealera, actualmente en convocatoria de acreedores, será intervenida por 60 días para garantizar la continuidad de la empresa y la conservación de los 7000 puestos de trabajo. Enviará al Congreso un proyecto de ley para la expropiación, que declarará a la compañía de "utilidad pública".

El concejal Maximiliano Rodríguez Paulín (PRO) avaló una reunión social prohibida, en la que participaron jóvenes que llegaron de Buenos Aires y debían hacer cuarentena. “La infracción es la música alta para con los vecinos”, ironizó el edil.