Tras reconocer que amenazó a un periodista, ejerció violencia de género contra una funcionaria y que se enriqueció ilícitamente, el exdiputado del PJ José Allende acordó con el Ministerio Público Fiscal un juicio abreviado (rechazado por el periodista, la funcionaria y diversos sectores políticos) en el que se licúan las causas y es beneficiado con una pena mínima y la devolución de unos pocos pesos para evitar que vaya preso. El jueves 22 continuó la audiencia que debe definir.
RECHAZO, SEGUNDA AUDIENCIA
El jueves pasado, se llevó a cabo la audiencia en el marco del legajo número 7.436, caratulado "Allende, José Ángel s/Amenazas", con transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial de Entre Ríos. El Tribunal que debe decidir si premia o castiga a Allende marcó severas observaciones al accionar de los fiscales en favor del exdiputado.
VIDEO DE LA PRIMERA AUDIENCIA
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El exlegislador y aún titular de UPCN, José Ángel Allende, tendrá este este jueves la continuación de la audiencia (pasó a cuarto intermedio la semana pasada) para homologar el acuerdo que cerró con el Ministerio Público Fiscal (MPF) mediante el que reconoció haberse enriquecido de manera ilícita, haber amenazado al periodista de NOTICIAUNO Martín Carboni y haber ejercido violencia de género contra la ministra de Salud Sonia Velázquez.
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Si la Justicia entrerriana avala o rechaza que un exfuncionario público imputado por el gravísimo delito de amenazas contra un periodista, violencia de género contra una funcionaria y enriquecimiento ilícito con dineros públicos, sea beneficiado con un juicio abreviado a su medida para así escapar al necesario debate oral y público que permita que un juez imparcial e independiente garantice -al imputado, a las víctimas, y a la sociedad- que en esta provincia NADA SE RESUELVE ENTRE GALLOS Y MEDIANOCHE.
De consumarse la homolación del acuerdo en este caso, el “sistema” habría sentado un oscuro precedente: “en Entre Ríos, los funcionarios públicos pueden coaccionar a una ministra del gabinete provincial, pueden apropiarse de los dineros públicos, y pueden amenazar al periodismo que se atreve a exponerlos. Y luego, acceder, con aceitados vínculos político-judiciales, a una pena negociada entre gallos y medianoche”.
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Fuente: NOTICIAUNO
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